Denuncia de 52 sorteos fraguados no se investiga

La presunta manipulación en el sorteo de 52 expedientes para favorecer a una de las partes en procesos judiciales corre el riesgo de quedar impune ya que el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público no investigan estos hechos denunciados hace más de un año, pese a que las víctimas enviaron notas exigiendo el esclarecimiento de estos hechos.

Fue la propia Unidad de Control, Fiscalización y Transparencia del Consejo de la Magistratura la que en noviembre de 2018, halló 52 casos observados en el Juzgado séptimo Público Civil y Comercial y la entonces encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Delina Zurita, dijo que los trámites sospechosos serán revisados pero eso no ocurrió.

Este hecho en este juzgado podría haberse repetido en otros juzgados del país con la manipulación del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), pero las autoridades judiciales no investigaron, según un grupo de víctimas que sigue el caso.

Esta supuesta manipulación en ese juzgado, se reveló después que la Fiscalía y el Consejo iniciaran hace más de dos años un proceso en contra del exjuez Iver Romero Fontana, denunciado por consocio ilegal de abogados, jueces y fiscales, pero tras su renuncia la investigación quedó estancada. 

Según la información del propio Consejo, en solo 10 meses, en el despacho de dicho juez se encontraron 52 expedientes que habrían sido manipulados en el sorteo a través del Número de Registro Judicial (Nurej). Estos casos tenían 87 víctimas con demandantes y demandados, en los que estaban involucrados un auxiliar y una secretaria de juzgado en procesos de orden económico.

Una de las víctimas de las supuestas manipulaciones informáticas en el sorteo de causas, Silvia Antezana, aseguró que recurrieron a todas las instancias judiciales, de la Fiscalía y del propio Gobierno de Evo Morales, pero entre ellos se “rebotaban la responsabilidad” y ninguna quiere asumir competencia.

Pese a tener conocimiento de estos hechos delictivos, los jueces, vocales y la delegación del Consejo, no asumieron acciones directas para una investigación.

En los últimos cinco años surgieron varias denuncias de supuestas manipulaciones en los sorteos y asignaciones de expedientes en los juzgados y en las oficinas de Derechos Reales.

LAS IRREGULARIDADES

Silvia Antezana, es una de las mujeres que fue remitida a un penal de varones por un delito que no tenía cárcel, por denunciar manipulación informática y exigir sanción contra un empresario por la construcción de un edificio fuera de la norma en Cochabamba.

Denunció que en 2015, un caso sorteado al juzgado de sentencia Nº 3, apareció como si fuera sorteado al juzgado Nº 2. Se sorteaba en uno y se procesaba en otro. Lo que denota que el sorteo fue fraguado en plataforma.

En estos megaescándalos por los consorcios, la delegada entonces del Consejo, Delina Zurita, tenía 35 procesos disciplinarios cuando fungía como juez, por presuntos hechos de corrupción, pero las denuncias quedaron en nada, según Antezana.

Los consejeros de la Magistratura no son encontraron para responder sobre esta denuncia, su presidente Gonzalo Alcón señaló que convocaría a una conferencia para responder a todos los requerimientos de los medios de comunicación.

Algunos hechos

1. En septiembre de este año, la Fiscalía y el Consejo de la Magistratura realizaron el allanamiento de un juzgado de Tarija a denuncia de supuesta manipulación informática para beneficiar a los clientes de los abogados inmiscuidos en una supuesta red de tráfico de influencias en dos causas particulares; el hecho sigue en investigación. 

2. Este año, en un audio filtrado, el hermano del consejero Omar Michel, revela que logró frenar la venta y entrega de un inmueble haciendo ingresar en el sistema un registro de anticrético del inmueble haciendo que la casa quede gravada y se impida su venta. Se prevé que se manipuló el sistema de ingreso de causas en un juzgado.