El juicio contra el exministro Alfredo Rada sigue en la nebulosa. La Fiscalía General pidió a la Interpol que active la notificación azul en su contra, pero sigue siendo necesaria la autorización del Legislativo para que este se siente en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, la Fiscalía Departamental ratificó ayer que los jefes policiales que dirigieron la represión en La Calancha serán procesados por la vía ordinaria, algo con lo que, sin embargo, la defensa legal de las víctimas no está de acuerdo.

La tarde del lunes, una representación de las tres víctimas mortales y de los más de 500 heridos de La Calancha, conformada por familiares y abogados, entre otros, se reunieron con el fiscal general, Juan Lanchipa. En esa reunión, Lanchipa les informó que ya había solicitado a la notificación azul a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para Rada, luego que los demandantes pidieran la aprehensión del exministro y de los jefes policiales de entonces, algo a lo que la Fiscalía General no accedió, según contó Juan Cardozo, hermano de José Luis Cardozo, uno de los universitarios asesinados en los choques de La Calancha.

La razón, según la explicación que brindó Lanchipa en la reunión, es que Rada continúa gozando de un juicio de privilegio, es decir, un juicio de responsabilidades, que requiere la autorización de la Asamblea Legislativa, actualmente controlada por el MAS. Además, los jefes policiales demandados, según esa misma explicación, serán procesados por la vía ordinaria.

La notificación azul, que "sirve para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito", según la Interpol, servirá, por lo pronto, para indagar sobre el paradero del exministro, según Cardozo.

Los familiares no son optimistas respecto a que el actual Legislativo autorice el juicio contra Rada. Sin embargo, esperan que los próximos legisladores, que serán elegidos en 2020, accedan a su solicitud.

"Tenemos la esperanza en que entren nuevas autoridades en la Asamblea, para que se haga este juicio de responsabilidades", dijo Cardozo.

Respecto a los jefes policiales –los comandantes departamental, nacional y el de la unidad de Operaciones–, el fiscal departamental, Mauricio Nava Morales, confirmó ayer que estos serán procesados por la vía ordinaria. La Fiscalía General ya remitió el expediente. 

"Hemos conformado una  comisión de fiscales", dijo Nava, al agregar que la Fiscalía ya solicitó al Servicio General de Identificación Personal (Segip) colaboración para localizar el domicilio de los acusados, notificarlos, citarlos, según sea el caso, tomarles su declaración y "emitir las resoluciones que por ley correspondan", según explicó.

En el caso de Rada, al igual que la Fiscalía General, Nava dijo que, cuando ocurrieron los hechos luctuosos, la ley 2445 estaba vigente, por lo que el exministro todavía goza de un juicio de priviligio.

Uno de los abogados de las víctimas, Ariel Coronado, sin embargo, dijo que la defensa no está de acuerdo con la decisión que tomó la Fiscalía General. "Para nosotros, no se puede aperturar dos procesos por un mismo hecho. Lo correcto es que la Fiscalía hubiese solicitado la tramitación separada de la causa para las personas que no tienen fuero", explicó.

Agregó que un incidente resolverá si la defensa o la Fiscalía tienen la razón. Mientras tanto, dijo que la defensa pidió que "se hagan todos los esfuerzos para evitar la fuga de esas personas".

"Entiendo que no se ha tomado ninguna decisión por parte del Ministerio Público. Considero que se los tiene que convocar, aprehender e imputar. No hemos advertido que ninguna de las pruebas que se han presetado a la Fiscalía General, estén en la Fiscalía Departamental. Eso nos preocupa", agregó.

La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier, Fátima Tardío, que también participó de a reunión con Lanchipa, dijo que la activación de la notificación azul se debió a la presión generada por los familiares y la Facultad de Derecho. Además, calificó de un gran avance este paso y dijo que, al menos así, sabrán dónde se encuentra Rada, ante el temor, además, que la polémica Ley de Garantías, en espera en el Senado tras su aprobación en Diputados, lo beneficie.

El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el diputado Horacio Poppe, y, recientemente, el exGobierno respondió a un requerimiento, en el que pidió archivar la causa, entre otras cosas, por incumplimiento de requisitos.

¿Indemnización para las familias de las víctimas?

El asunto todavía no fue discutido por los familiares, según uno de los abogados de las víctimas, Ariel Cardozo. Sin embargo, dijo que esa posibilidad está sobre la mesa. 

"En el caso de Octubre Negro, los últimos hechos (Senkata), el Estado ha reparado el daño a las víctimas (...) Cnsidero que es posible plantear una reparación, pero eso lo vamos a analizar, toda vez que se ha planteado una demanda ante la CIDH. También se podría ver esa vía", explicó.

Recientemente, el Gobierno aprobó un decreto que manda a indemnizar a los familiares de las víctimas mortales de las revueltas de octubre pasado con 50 mil bolivianos. Los familiares, sin embargo, pidieron una renta vitalicia, al igual que el MAS.

La Calancha

La represión, que tuvo lugar durante la Asamblea Constituyente, dejó tres muertos y más de 500 heridos. Tras casi 12 años, las víctimas siguen sin hallar justicia.