La defensa de las víctimas del caso La Calancha anunció la reactivación del proceso contra el expresidente Evo Morales y la ampliación de la investigación al exvicepresidente Álvaro García Linera por incumplimiento de deberes en el tratamiento de la solicitud de autorización de juicio en la Asamblea Legislativa Plurinacional desde hace 12 años.
El anuncio se conoció tras la decisión de la Fiscalía General de solicitar la notificación azul para dar con el paradero del exministro de Gobierno Alfredo Rada, principal implicado en el caso de las tres personas fallecidas y centenares de heridos en noviembre de 2007, cuando pobladores sucrenses se levantaron en contra de la Asamblea Constituyente que se negaba a considerar el debate sobre la capitalidad plena para Sucre.
La Fiscalía inclusive tenía el identikit de la persona que habría disparado en contra de una de las víctimas pero ahí se frenó la investigación.
Ariel Coronado, abogado de las víctimas, se trazó una estrategia para incluir a Evo Morales en la investigación. El primer paso es asegurar la presencia de los exjefes policiales involucrados en el proceso y después solicitar la reapertura de la investigación en contra de Morales.
Recordó que este fue excluido de la investigación por el Fiscal General de ese entonces, Mario Uribe; el abogado sostiene que esta decisión no tiene la calidad de cosa juzgada por lo que una vez asegurada la presencia de los otros coimputados, se abre la posibilidad de abrir el proceso penal en contra del expresidente.
La Fiscalía solo apuntó a Rada y a otros tres exjefes policiales presentes en el lugar de los enfrentamientos y no así a Morales por falta de elementos de convicción para sostener una posible imputación y porque no estuvo presente en el lugar, según la justificación de entonces.
El abogado explicó que el Presidente tenía conocimiento de que se estaban utilizando armas de fuego en contra de una población desarmada, por lo que tenía la obligación de frenar esa situación, pero no lo hizo, lo que en su criterio lo hace posible a ser juzgado por omisión.
“Por eso nosotros planteamos la proposición acusatoria no solo contra el exministro Rada sino también contra Evo Morales.
Coronado dijo que en noviembre de 2007, solicitaron a la Fiscalía un informe del personal de élite de la Policía que fue trasladado desde la ciudad de La Paz a Sucre para garantizar las sesiones de la Asamblea Constituyente, pero el Fiscal General no dio curso a esa solicitud.
“Se trasladó un grupo de élite de la Policía a Sucre y entre ellos estaban los autores materiales del disparo”, aseguró.
El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach), Arturo Yáñez, sostuvo que la reactivación del proceso contra Morales no será sencilla toda vez que además del Ministerio Público, en el procedimiento interviene la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que tiene mayoría de parlamentarios del MAS.
Jamil Pillco, una de las víctimas de La Calanch señaló que fue de la iniciativa gestionar la reunión de una comisión con el Fiscal General para acelerar el esclarecimiento de este proceso.
