Inauguran Año Judicial con agenda pendiente

El acto de inauguración del Año Judicial 2020 se realizará hoy, viernes 3 de enero, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la asistencia de la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, confirmó ayer la presidenta del alto tribunal de justicia de la nación, María Cristina Díaz, que también presentará su informe de gestión. Hay varios temas pendientes respecto a los comprometidos antes de su elección, según observaron abogados.

“Está todo listo para recibir a nuestras autoridades nacionales, del Ejecutivo y Legislativo, está confirmada la presencia de la presidenta Jeanine Áñez y los ministros de Estado y algunos legisladores”, sostuvo Díaz, quien no quiso adelantar algunos puntos de su informe de gestión.

Los nuevos magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cumplieron dos años en el cargo tras su elección en diciembre de 2017 y posesión por el expresidente Evo Morales en enero de 2018.

Entre algunas propuestas de quienes ahora ocupan la alta magistratura, estaban la lucha frontal contra la corrupción, el rediseño de la estructura organizacional, la implementación de la carrera judicial, el control para evitar los consorcios de abogados, jueces y fiscales, la creación de unidades de transparencia independientes, entre otros, promesas que no se cumplieron o se encaminaron a medias. Varios de ellos se vieron involucrados en actos de corrupción en la supuesta “repatija de pegas” y fraude electoral en las judiciales.

En base a las ofertas electorales, los magistrados se comprometieron a diseñar una agenda judicial y no se conoció públicamente si al final hubo un plan de acción integral, según observan algunos los abogados. 

El experto en reformas judiciales, Eddie Cóndor, considera que los postulantes a magistrados hicieron muchas “ofertas electorales”, pero la realidad judicial cambió poco; tampoco nadie llamó la atención para que se cumplan estas ofertas, desde el control social y la participación ciudadana.

Cóndor observó la carencia de un plan integral de reforma judicial, es decir, una hoja de ruta construida de modo inclusivo y con participación efectiva de los sectores “vivos” de un país.

“Reforma judicial no es organizar una cumbre o dictar una ley y su reglamento o participar en reuniones de ‘coordinación’ sin capacidad de influir o decidir, es liderazgo, es propuesta, es ejercicio de poder que implica la función judicial”, sentenció.

El abogado peruano que radica hace varios años en Sucre, aseguró que la falta de una agenda seria, afectó a la independencia y la autonomía del Órgano Judicial, lo que permitió que los poderes políticos impusieran su agenda y mediatizaran todo lo que se hizo, mostrando como grandes logros situaciones divorciadas de la realidad. 

Para el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach), Arturo Yáñez, los avances son mínimos y la situación del sistema judicial sigue igual como antes o quizá peor. Sostuvo que el reto a mediano plazo tiene que ser la recuperación de la independencia judicial con la elección de autoridades legítimas y la construcción de la carrera judicial y fiscal.

Sostuvo que los altos cargos del Órgano Judicial siguen presididos por funcionarios afines al MAS.

Señaló que el proceso de selección de vocales está cuestionado, porque activaron ternas guardadas desde hace casi un año, "al parecer están reciclando a operadores del MAS como vocales como en el caso de Chuquisaca".