El presidente del directorio de la Red ATB, Marcelo Hurtado, aprehendido el viernes en Santa Cruz y trasladado a La Paz, fue imputado por presuntos delitos financieros y legitimación de ganancias ilícitas.

"Con la presencia de sus abogados se tomó la declaración respecto a la denuncia de un trabajador de la empresa televisiva ATB del manejo millonario de dinero y no reportado al fisco", dijo el fiscal de materia de La Paz, Samuel Lima, ayer, sábado.

A decir del fiscal existen suficientes elementos en contra del imputado y aclaró que Hurtado no es el único implicado en esos hechos, sino que existen otras personas.

Según las investigaciones de ese caso, Hurtado habría actuado en complicidad con un ejecutivo de la empresa Periodistas Asociados de Televisión (PAT) y creó cuatro compañías irregulares con las que evadió el pago de aproximadamente 430 millones de bolivianos por impuestos.

También se investiga la suscripción de contratos de publicidad millonarios con el Ministerio de Comunicación durante el Gobierno del expresidente Evo Morales.

"En términos coloquiales utilizó palos blancos para el manejo de montos millonarios de dinero", apuntó Lima.

Detalló que el mandamiento de aprehensión contra Hurtado, firmado por su autoridad se ejecutó al final de la tarde del viernes en la ciudad de Santa Cruz y por la noche fue trasladado a La Paz, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

En esas dependencias el aprehendido prestó una declaración de casi diez horas.

ORTIZ PIDE LLEGAR A 

LOS VERDADEROS DUEÑOS

El senador Oscar Ortiz pidió ayer, sábado, a la Fiscalía dar con los verdaderos propietarios de un conglomerado de empresas implicadas en ilícitos tras la aprehensión de Hurtado.

"Proceso a Marcelo Hurtado debe dirigirse a identificar los verdaderos propietarios del conjunto de empresas en la cual él aparecía como socio. La fiscalía debe estar atenta a nuevos palos blancos a quienes se pretendería transferir estas sociedades", demandó a través de su cuenta en Twitter.

Ortiz, de Unidad Demócrata (UD), denunció la existencia de un conglomerado de empresas, entre ellas ATB, PAT, La Razón, Gravetal y ProVida, supuestamente implicadas en ganancias ilícitas y vinculadas al expresidente Evo Morales y exvicepresidente Álvaro García Linera.