El exdirector de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, un funcionario y el hermano del consejero Omar Michel, implicados en sonados casos de corrupción en 2019, dejaron la cárcel San Roque para beneficiarse con otras medidas menos gravosas.

La decisión del vocal René Conde de otorgar la cesación de la detención preventiva para el exdirector Roger Palacios y el exfuncionario de la DGAF, Diego Lambertin, cuando la parte denunciada no lo había planteado, sorprendió a la comisión de fiscales que lleva el caso, dijo ayer Daniel Fernández, uno de los miembros del equipo.

Desde esa comisión se explicó que el recurso que se planteó en apelación a la decisión del juez Gary Bracamonte fue de necesidad para ampliar el plazo de la detención preventiva que se estableció en 89 días.

Según sus palabras, lo que se debió hacer en audiencia es considerar si esa cantidad de días se justificaba con relación a las acciones que aún quedaban por realizar de la investigación o es que podían ser menos.

El fiscal cree que un razonamiento de esa naturaleza sentará jurisprudencia que puede perjudicar a los procesos de investigación porque, dijo, se están confundiendo los institutos.

El abogado de Palacios, Jaime Tapia, confirmó que el vocal declaró ilegal la ampliación de la detención por 89 días y dispuso su libertad condicional.

Conde dispuso arraigo, detención domiciliaria con posibilidad de ir a trabajar y dos garantes personales para cada uno de los imputados que estaban encarcelados en San Roque, denunciados por un supuesto cobro de Bs 1,5 millones de coima por la adjudicación de una construcción en Villazón.

OTRO CASO

En otro caso, la jueza Odalys Serrano del Juzgado 2º de Instrucción Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de la Capital, otorgó la cesación de la detención preventiva al imputado Juan Michel, detenido por supuestamente haber participado de un cuoteo de cargos en el Órgano Judicial.

Este caso y otro denunciado por la jueza Minerva Tárraga, que acusó al hermano del consejero Omar Michel de presionarla para favorecer a un acusado de feminicidio que finalmente salió libre, generaron revuelo en los órganos Judicial y Ejecutivo, a tal punto que la autoridad judicial anunció su renuncia al cargo, aunque después se retractó.

El fiscal de materia de Sucre, Juan Carlos Trigo, explicó que según la percepción de la jueza la defensa del imputado habría desvirtuado dos riesgos procesales; uno de ellos relacionado al trabajo y el otro sobre la posibilidad de influir en la investigación.

Trigo se mostró en acuerdo con esa decisión y por eso inmediatamente se conoció la determinación de otorgar detención domiciliaria al imputado y otras medidas menos gravosas, presentó un recurso de apelación incidental. Según sus palabras, ese recurso debe resolverse en tres días hábiles.

“Se le ha beneficiado con medidas menos gravosas que la detención preventiva, dentro de ellas la detención domiciliaria, el arraigo, la presentación de dos fiadores y la prohibición de acercarse a las víctimas y al Consejo de la Magistratura”, informó el abogado defensor de Juan Michel, Marcelo Conchari.

Juan Michel  estaba detenido en la cárcel San Roque desde el 31 de agosto de 2019.

“La Juez ha actuado aplicando correctamente el espíritu de la ley 1173 puesto que mi defendido está más de cuatro meses privado de su libertad”, afirmó Conchari.