Gobierno ratifica pedido de ampliación de mandato

Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) continúa analizando la legalidad o no del proyecto de la ley corta para ampliación de mandato, el Gobierno ratificó ayer que la institucionalidad democrática no puede funcionar sin uno de sus órganos.

Ayer, viernes, en Sucre, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, explicó en conferencia de prensa que para resolver el dilema de la legalidad o ilegalidad de la ampliación de mandato de autoridades de los órganos Legislativo y Ejecutivo se debe recurrir a la doctrina de necesidad constitucional.

“Hay doctrina que establece cuáles son los mecanismos para mantener el orden el país” en base a dos principios: la soberanía reside en el pueblo y la organización de un estado.

Recordó que el Estado boliviano está organizado en los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. “Bajo esta idea no podemos dejar de lado a ningún órgano”, recalcó Coimbra.

Por ello, abogó por que el TCP “amplíe el mandato del Órgano Ejecutivo como del Legislativo” para garantizar el estado de derecho, la institucionalidad democrática y la base social. Recalcó que la finalidad de esa ampliación es garantizar elecciones libres y transparentes para elegir un nuevo gobierno.

“El Tribunal Constitucional tiene en sus manos el fallo más importante de la historia del país”, sostuvo el Ministro de Justicia.

ACTIVISTAS

Sin embargo, también hay posiciones contrarias a las planteadas por el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ayer un grupo de activistas presentó un instituto constitucional conocido como “Amigus Curei” (somos amigos de la Corte) como una alternativa de solución al fallo que debe emitir el TCP.

El abogado representante Edward Gareca fundamentó su posición al señalar que cualquier resolución que pudiera emitir el TCP estará al margen de la Constitución a fin de “no dejar un vacío de poder”.

Consideró que la consulta de la ley de ampliación de mandato se debería resolver por conceder la prórroga de mandato para el Ejecutivo y no así para el Legislativo. Esa propuesta, según señaló, está respaldada por más de 3.700 firmas de ciudadanos.

Gareca sostuvo que “la necesidad imperante de prorrogar el mandato es para la presidenta y las autoridades subnacionales”, pero “no es una prórroga necesaria, constitucional” para el Legislativo. De hecho, recalcó que la Constitución establece una prórroga para el Ejecutivo de 90 días en caso de presentarse esta clase de contingencias.

 

TSJ cierra toda posibilidad de sucesión

Ante declaraciones de algunos ciudadanos y dirigentes políticos que sugirieron, otra vez, la posibilidad de que la sucesión presidencial llegue al Tribunal Supremo de Justicia, su presidenta, María Cristina Díaz, recordó que “la CPE decide que la sucesión presidencial no llega al TSJ”, por lo que la descartó completamente.

“Yo estoy en calidad de magistrado por Tarija, emergente del voto popular, esta es mi tarea. Soy una mujer de leyes y como tal apegada a la CPE y las leyes”, afirmó Díaz en una conferencia de prensa que ofreció en su despacho ayer.

La sucesión presidencial no llega al TSJ, sentenció.