El Ministerio Público en Chuquisaca investiga una denuncia de supuestas irregularidades en la remodelación del cuarto y del 13avo piso del edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz cuyas obras ya estaban a punto de concluir sin que se conozcan las ofertas de las empresas proponentes.

Nadie en el Órgano Judicial asume quién autorizó el inicio de obras para la remodelación en pleno proceso de licitación de estos ambientes del TDJ, cuyos precios referenciales estaban fijados en Bs 654.028 y Bs 720.569 respectivamente. 

La denuncia penal fue presentada en noviembre de 2019 por el jefe de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Alejandro Alberto Siñani, y el Ministerio Público la anterior semana realizó una inspección a las obras en Santa Cruz.

La refuncionalización de los dos pisos se solicitó para la implementación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal. Para este propósito, el Ministerio de Justicia en la gestión de Héctor Arce, autorizó la contratación directa de bienes y servicios a la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial.

Según la denuncia, grande fue la sorpresa de los encargados del proceso de adjudicación. Cuando pretendían iniciar los actos de apertura de sobres para conocer las ofertas de las empresas proponentes, las obras ya habían sido adjudicadas y/o contratadas y estaban en plena ejecución.

Lo más curioso, según la denuncia a la que accedió CORREO DEL SUR, es que los funcionarios de la DGAF del Órgano Judicial, que son los encargados de las adjudicaciones, desconocían del inicio y avance de obras que estaban en un 80 y 95% de ejecución, sin que exista un contrato de adjudicación de las obras, mucho menos la orden de proceder de los mismos.

Tras conocerse la denuncia, ambos procesos de contrataciones directas fueron suspendidos por la DGAF.

“A todas luces existen irregularidades en los procesos de contrataciones directas ut supra; máxime si existen elementos e indicios de pruebas evacuados por los mismos funcionarios de la DAF nacional, lo que se entiende que supuestamente se cometió delitos de corrupción de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes”, señala una parte del documento de denuncia que está en la Fiscalía.

Esta actuación de los funcionarios lleva a establecer que con probabilidad en la DAF nacional del Órgano Judicial, al parecer se habrían cometido serias irregularidades en los procesos de contrataciones directas, según la denuncia.

Siñani sostiene que hay sospechas de que los funcionarios de la DGAF usaban indebidamente sus influencias para obtener seguramente beneficios y ventajas para sí mismos o un tercero a futuro.

El denunciante solicitó a los fiscales emitir la imputación formal y la acusación por los delitos mencionados una vez identificados a los autores de estos hechos delictivos.

El exdirector de la DGAF, Roger Palacios y otros funcionarios están procesados por el supuesto cobro de Bs 1,5 millones como coima por la adjudicación de obras de la casa de justicia de Villazón. La anterior semana un vocal revocó la detención preventiva del imputado.