Aún se investigan casos de supuesta corrupción
Están el supuesto pago de una coima y presunto cuoteo de cargos. Algunos acusados obtuvieron el cese de su detención preventiva
PROCESOS. En los casos están implicados altos mandos de la justicia. Foto: Archivo Al menos cuatro casos de supuesta corrupción que involucran a autoridades y funcionarios judiciales aún están sin resolución conclusiva del Ministerio Público y en algunos de ellos, los imputados accedieron a la cesación de la detención preventiva por el tiempo transcurrido y en audiencias en las que los asesores jurídicos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura no estaban presentes, según la Fiscalía.
En septiembre de 2019 se conoció la denuncia del pago de una supuesta coima de Bs 1,5 millones para la adjudicación de la casa de Justicia de Villazón, el Ministerio Público aprehendió al titular de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF), Roger Palacios, y a su asesor Diego Lambertín; ambos fueron enviados a prisión preventiva y hace poco un vocal dispuso su detención domiciliaria ante la protesta de la comisión de fiscales.
Otro caso que sacudió la estructura del Órgano Judicial fue la filtración de audios que supuestamente revelaban el cuoteo de cargos de jueces y funcionarios entre autoridades judiciales, el único detenido en este caso es Juan Michel, hermano del consejero Omar Michel que tras conocerse la denuncia, anunció en agosto del año pasado su renuncia irrevocable a su cargo, algo que jamás se concretó.
Hace una semana, una jueza dispuso la cesación a la detención preventiva de Juan Michel, pero pocos días después, en apelación otro vocal decidió mantenerlo en la cárcel. El caso lleva cinco meses en investigación.
CASO MONTENEGRO
El caso del narcotraficante Pedro Montenegro también salpicó a los funcionarios y autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque una orden de detención preventiva con fines de extradición se demoró casi cuatro años.
En mayo del año pasado, el Ministerio Público en Chuquisaca inició una investigación penal contra funcionarios que habrían alterado el Auto Supremo 75/2015 que ordenaba la detención de Montenegro, a la fecha, el caso está en trámite de aplicación de medidas cautelares para algunos funcionarios y personal vinculado al narcotraficante. Ocho meses después sigue la investigación.
En otro caso, en noviembre de 2019, la Fiscalía inició una investigación sobre la construcción de oficinas en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz porque las obras que se realizaban y ya estaban a punto de concluir, se habían encarado sin previa adjudicación pública a una empresa. Aún no se identificó al autor y autores de ordenar el inicio de obras sin cumplir con la adjudicación.
Sobre los casos de corrupción, la presidenta del TSJ, Cristina Díaz, señaló que la Unidad de Transparencia de esta institución y un abogado de enlace tienen que apersonarse en todos los procesos para hacer el seguimiento a los casos, a través de todos los medios legales necesarios para representar a la institución.
“Los casos de corrupción están en proceso, usted está hablando de la DGAF, eso está en proceso”, aseguró la autoridad consultada al respecto. Algunos jueces y fiscales que conocen estos casos, señalaron que en las últimas audiencias en las que se dispuso la cesación de la detención preventiva de los involucrados en los casos DGAF y de los audios de supuestos cuoteos, no estaban presentes los abogados del TSJ ni del Consejo.
La Presidenta del TSJ dijo que no tenía conocimiento de estas ausencias de los abogados de la institución en estas audiencias.
Transparencia
Cristina Díaz
Presidenta del TSJ
“Eso no está supeditado a la decisión de los magistrados, para eso están las unidades de transparencia”.
