Caso consorcio: Audios revelan nexos de exjuez

La denuncia de 52 casos de supuesta manipulación de sorteos no tiene investigación

CORRUPCIÓN. Los casos de supuesta manipulación de sorteos se denunció en Cochabamba. CORRUPCIÓN. Los casos de supuesta manipulación de sorteos se denunció en Cochabamba. Foto: Archivo

Sucre / CORREO DEL SUR
Seguridad / 28/01/2020 00:51

Un audio presentado como prueba dentro de uno de los procesos penales por manipulación de sorteos de causas en Cochabamba, revela cómo el ahora exjuez Iver Fernando Romero tenía presuntos nexos con jueces, fiscales y altos funcionarios del Órgano Judicial que supuestamente le ayudaron a dilatar las demandas disciplinarias y penales en su contra lo que hizo que hasta ahora, más de dos años después no haya sentencia. El juez y sus funcionarios renunciaron hace un año.

El Consejo de la Magistratura tampoco activa la investigación en otros 52 casos de supuesta manipulación de sorteo de causas que curiosamente recaían en el juzgado de Romero sin que pasaran por plataforma porque falsificaban firmas y sellos, según denunció la abogada Sidia Alba Lizarazu, patrocinante de las víctimas Carmelo Abuawad y Carlos Eduardo Abuawad.

Los Abuawad fueron denunciados en 2017 en un proceso civil de resolución de contrato verbal por uno de sus socios; el caso fue a parar directamente al Juzgado Público Civil y Comercial Nº 7 del juez Romero, sin pasar por Plataforma y se enteraron de la demanda después que el juez ordenara la retención de sus cuentas por cerca de medio millón de bolivianos.

En febrero del año pasado, una de las acusadas, Leicy Cindi P.M, exsecretaria del juez, entregó a la Fiscalía un celular con audios que revelan conversaciones con el juez Romero, pero el celular desapareció en la Fiscalía; recién cuando los fiscales denunciaron el extravío de esta prueba, y después que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) certificara que el IMEI del celular estaba registrado a nombre de la hermana de uno de los fiscales (Freddy L.C), este se vio obligado a devolverlo.

En el audio al que accedió CORREO DEL SUR, supuestamente el exjuez asegura que se reunió con un funcionario del Consejo de la Magistratura de nombre Jhonny R., a quien le había “incluso pagado” para que no impulse la investigación.

En la conversación con Leyci, el juez hace referencia a una persona de nombre Marco que tiene “full muñeca" en la Inspectoría de la Fiscalía General y desde esa instancia ya le habían adelantado que ese caso “estaba muerto” porque la imputación en su contra “no tiene ni pies ni cabeza”.

Refiere también que una magistrada, no dice si el del TCP o del TSJ, estaba intentando que este proceso siga su curso pero que Marco se encargaría de que a través de un “alto capo” del Gobierno del MAS, la autoridad “no se meta” o sino le iniciaría una denuncia.

“Yo me reuní con Jhonny y me ha dicho 'no estoy moviendo nada como me comprometí con ustedes'”, sostiene el juez, según el audio, y asegura que Jhonny nunca les traicionaría porque son amigos desde el Consejo de la Magistratura donde él era su jefe y le hizo “muchos favores”.

Sostiene que el propio presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba le había comprometido que no se “metería en nada”.

Menciona a un fiscal Aparicio con quien se habría reunido en Sucre y quien le aseguró que el “caso está muerto”.

Este audio sería una parte de toda la conversación que está en análisis en el IDIF y que en otra parte involucraría a más autoridades y funcionarios judiciales.

Tráfico de influencias

Una imputada, exsecretaria del juez, entregó un celular con audios que revelan un supuesto tráfico de influencias en el Ministerio Público y la justicia.

Caso sin investigación concluida 

En 2018, la intervención de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura encontró en el Juzgado Público Civil y Comercial Nº 7 de Cochabamba, 52 casos observados por supuesta manipulación informática en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) por denuncias ingresadas sin previo sorteo en Plataforma.

Por uno de estos hechos fueron procesados el juez y dos funcionarios de su despacho, pero dos años después no tienen sentencia. El Consejo de la Magistratura tampoco inició investiga cion sobre las irregularidades de los 52 procesos pese a las denuncias que están en curso.

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