Los legisladores del MAS con sus dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional apuntan a la suspensión de funciones del fiscal general Juan Lanchipa, de los consejeros de la Magistratura y de algunos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), contra quienes aceleran los procesos investigativos, sostienen diputados que no son de la línea del exoficialismo.
La diputada Lourdes Millares señaló ayer que avanzan “más rápido” los procesos por supuestos nombramientos ilegales de vocales y jueces en contra de los consejeros de la Magistratura Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel y contra el fiscal general Juan Lanchipa; este último tiene que declarar mañana, miércoles ante el Comité de Ministerio Público de Diputados por la no aprehensión del expresidente Evo Morales. Michel habría alegado que no firmó las designaciones.
Millares recordó que cuando el MAS estaba en el Gobierno, frenó los juicios de responsabilidades contra magistrados y consejeros. Actualmente hay más de 150 casos archivados en las comisiones de investigación de Diputados y algunos fueron remitidos a la justicia ordinaria.
En cambio ahora –según Millares– hay una “decisión política” del MAS de impulsar los juicios de responsabilidades contra los consejeros de la Magistratura por los nombramientos supuestamente ilegales de vocales y jueces; contra algunos tribunos por los fallos que emitieron y contra el Fiscal General.
Señaló que varios abogados excluidos de las postulaciones que obtuvieron mejores puntajes para ser designados vocales constitucionales, ordinarios y jueces prestaron declaración como testigos.
“El MAS les está pasando factura, no tolera que el Órgano Judicial no esté bajo su control, no tolera que Juan Lanchipa haya iniciado proceso de investigación en contra de Evo Morales por sedición y terrorismo, creo que estamos frente a una acción de revanchismo” puntualizó.
La diputada Norma Piérola dijo que cuando el MAS estaba en Gobierno había 163 procesos contra autoridades judiciales que quedaron paralizados y otros 80 que jamás fueron remitidos a la comisión para su investigación; ahora contrariamente están acelerando los nuevos.
El diputado del MAS Víctor Borda sostiene que no hay ninguna “vendetta” porque están cumpliendo con los plazos en las investigaciones y los denunciantes tampoco son “masistas” por lo que no hay ningún interés.
Señaló que la denuncia contra Lanchipa es por no haber emitido orden de aprehensión contra Evo Morales y el denunciante contra los consejeros es el diputado Amilcar Barral.
