Juez amplía detención de Urquizu por 40 días

El gobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu permanecerá detenido preventivamente en la cárcel San Roque por 40 días más, hasta mediados de abril, a petición del Ministerio Público, que alegó que aún debe realizar más acciones investigativas.

La audiencia se realizó ayer en el Juzgado 1º de Instrucción Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer, en medio de protestas de amigos y familiares del Gobernador, que llegaron hasta el Tribunal Departamental de Justicia.

Una vez que las partes se ubicaron en la oficina del juzgado, el juez Gary Bracamonte convocó al jefe de seguridad de la Policía a quien pidió comunicar a los seguidores de Urquizu que debían guardar silencio o se suspendería la audiencia.

El Ministerio Público solicitó ampliar la detención preventiva de la autoridad por 40 días, con el argumento de que hay una lista de testigos que aún no declararon, que hay una audiencia ocular que resta por realizar y que falta abrir las evidencias de los registros magnéticos de las cámaras de seguridad en poder de la Fiscalía. En estas tres tareas pendientes el Gobernador aún podría influir, según el Ministerio Público.

La comisión de fiscales fundamentó, además, que la investigación es compleja porque está relacionada a varios delitos y que por eso el imputado debe seguir encarcelado.

La defensa rechazó esa petición argumentando que la facultad de pedir la ampliación de la detención preventiva con el señalamiento de las actividades a realizarse es del querellante, cosa que no se hizo en el presente caso.

Con relación a la lista de testigos que requirió la Fiscalía, la defensa hizo notar que no son dependientes del Gobernador y que no tienen una relación directa porque están en Yamparáez.

Respecto a la audiencia ocular, la defensa señaló que ese actuado se realizará sin la presencia del imputado. Aclaró que en estos actuados Urquizu no tiene la posibilidad de influenciar.

La defensa observó que en diciembre la Fiscalía solo se dedicó a pedir información a los notarios del país, sobre los movimientos de compras y ventas que hubiera realizado Urquizu, cuando ese tipo de investigación no guarda relación con el abandono de funciones del que se le acusa. También criticó que la Fiscalía, en el marco de la investigación, hubiera solicitado a la Asamblea Legislativa Departamental información sobre el pago de viáticos al Gobernador en noviembre de 2019, respuesta que le compete al Ejecutivo departamental.

Escuchada la posición de las partes, el juez determinó la ampliación de la detención preventiva de Urquizu por 40 días bajo los argumentos de que el caso es complejo, que la Fiscalía tiene necesidad de convocar a funcionarios de la Gobernación, que hay una seria de requerimientos fiscales y que los tres meses de detención más los 40 días de ampliación están dentro de los seis meses estipulados para la investigación.

El juez sustentó su decisión señalando que si bien el imputado no tuvo un comportamiento obstruccionista, tampoco tuvo un comportamiento de apoyo al proceso. Por ejemplo, nunca solicitó una audiencia para la apertura de pruebas.

Además, hizo notar que los riesgos procesales por los cuales fue detenido preventivamente el 5 de diciembre de 2019, no fueron desvirtuados y siguen latentes, como la posibilidad de influir y el riesgo de fuga, esencialmente, por su calidad de Gobernador.

Antes de que la audiencia llegara a su fin, alrededor de las 22:00, la defensa apeló la decisión del juez. A la conclusión, los seguidores de Urquizu se apostaron en la puerta trasera del Tribunal de Justicia donde se registraron algunos roces con la Policía.

La imputación

Urquizu está imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes, uso de influencias, entre otros, por no haber asistido a su fuente de trabajo del 12 al 16 de noviembre de 2019, cuando se desarrollaban los conflictos por el fraude electoral del 20 de octubre. La autoridad departamental salió de la ciudad con toda su familia por seguridad, según argumenta.