Si la cárcel San Roque de Sucre recibiera a 150 privados de libertad de las cinco carceletas de las provincias de Chuquisaca, por el anunciado cierre de estas por Gobierno, el hacinamiento subiría del 395% al 475%, según la Defensoría del Pueblo.
Ese dato se encuentra en una nota de prensa que esta institución compartió con este diario y advierte que si ello llegara a ocurrir provocará vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, alertó que “este plan agravará las condiciones de vulnerabilidad de estos grupos, ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, más aún si se toma en cuenta que entre ellos se encuentran personas con infecciones respiratorias agudas, con enfermedades crónicas y personas drogodependientes, entre otras”.
La semana pasada, el Gobierno adelantó que cerrará 29 de 34 carceletas rurales y que reubicará a 2.360 personas en situación de encierro en los centros penitenciarios de las capitales de departamento. Pero, de acuerdo con una investigación defensorial, en 2018 las cárceles urbanas tenían un hacinamiento de 225%, pues en los 19 centros existían 18.895 privados de libertad cuando su capacidad era de 5.805. En 2019, esta situación se mantuvo.
Según la Representación Departamental de la Defensoría del Pueblo, este problema podría profundizarse con el traslado de unos 150 privados de libertad que están en las carceletas de Zudáñez, Tarabuco, Padilla, Monteagudo y Camargo al penal San Roque de Sucre, donde están recluidos cerca de 600 personas.
Cruz aseguró que de concretarse el traslado de privados de libertad de las carceletas a las cárceles de capitales de departamento, el Gobierno estaría incurriendo en “una pena degradante como consecuencia de sobrepoblación”, como advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con la investigación, los centros penitenciarios urbanos presentan condiciones precarias de infraestructura y limitaciones en la atención de salud y que carecen de programas de trabajo y educación, que impiden su readaptación y reinserción social.
