Fiscalía y Policía registran oficinas de YPFB por supuestas irregularidades
La Fiscalía y la Policía registraron este martes las oficinas de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros
La Fiscalía y la Policía registraron este martes las oficinas de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros.
“No es un allanamiento, se ha hecho un registro del lugar del hecho para verificar algunos documentos que son pertinentes para la investigación”, señaló el fiscal Alexis Vilela, a cargo del caso.
Vilela llegó hasta las oficinas de YPFB en La Paz junto a agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para el registro y la recolección de documentos, con lo que se dio inicio formalmente a la investigación abierta ante una denuncia del Ministerio de Hidrocarburos.
La gerente legal de YPFB, Elizabeth García, aseguró que la empresa está prestando “toda la colaboración correspondiente” en las investigaciones dentro de la denuncia, a la que se sumó en calidad de “víctima”.
Las pesquisas se refieren a supuestas irregularidades dentro de un proceso de contratación directa de seguros para el personal de la empresa estatal por unos 7 millones de dólares, a pesar de que otras firmas habían participado en una licitación.
El proceso fue anulado tras una serie de críticas que fueron una de las causas para el cambio, la semana pasada, del entonces presidente de YPFB, Herland Soliz, quien fue reemplazado por Richard Botello.
García aseguró que se entregó en esta jornada a la Fiscalía “toda la documentación correspondiente al proceso de contratación de seguros”.
La ejecutiva explicó que un funcionario de la firma que está siendo investigado penalmente por este caso ha sido suspendido dentro de un proceso administrativo interno que se le inició.
Por ahora solamente ese funcionario está siendo investigado y el Ministerio Público definirá “si es pertinente ampliar la investigación en contra de otras personas o no”, agregó.