Las audiencias de medidas cautelares del exministro de Salud, Marcelo Navajas, y de los otros cuatro imputados por el caso Respiradores fueron diferidas nuevamente, debido a que el juez onceavo en lo penal, Hugo Huacani, asignado al caso, fue aprehendido y conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, por una denuncia de prevaricato.
Ante la situación, el juez de instrucción primero en lo penal de El Alto, Román Castro, será quien deberá reprogramar las dos audiencias en las sisguientes 24 horas, según reortes televisivos.
Huacani compareció en instalaciones de la Felcc y, por tanto no se presentó a las audiencias previstas para las 16:00 y 17:30 de este viernes.
"No se encuentra el juez porque ha tenido un problema judicial. Se está conversando con Presidencia (del Tribunal de Justicia) para que resuelva la situación del juez y también qué autoridad retome la audiencia", informó el fiscal Rudy Terrazas a La Razón.
Se conoció que el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Grover Johnn Cori Paz envió un memorándum a Román Castro Quisbert, para que reemplace al juez Huacani.
Tras ser aprehendido por la Felcc de La Paz, Huacani Chambi denunció que su aprehensión fue ilegal y que fueron vulnerados sus derechos.
"He interpuesto mi acción de libertad, seguramente mañana van a señalar mi audiencia y seguramente el Juez de garantías me va a restituir mi libertad. No hay ningún acto irregular, yo creo en Dios y mi conciencia tengo tranquila. Todo es un show de este gobierno que no sé qué quiere esconder", dijo Huacani al portal Urgente.bo.
Huacani explicó que al momento de ser traslado a la Felcc no se le informó las razones de su aprehensión.
Ante la incertidumbre, cuatro de los cinco procesados por el caso Respiradores , entre ellos el exministro Navajas, presentaron este viernes una acción de libertad contra el Órgano Judicial, porque hasta ahora no se lleva a cabo la audiencia cautelar. Uno de los aprehendidos lleva tres días en celdas judiciales sin que se defina su situación procesal.
Navajas, el funcionario del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el director ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Giovanni Pacheco, y la consultora de esa institución a cargo del financiamiento proveniente del BID, Gabriela Pérez interpusieron una acción de libertada ante la Sala Constitucional de turno. Se abstuvo la ingeniera bioquímica Ana Espinoza, también consultora de la Aisem.
Los cinco imputados están vinculados a la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores españoles. Estos tienen un costo en el mercado que oscila entre los $us 7.000 y $us 12.000; sin embargo, el Ministerio de Salud pagó $us 27.683 por cada uno.
