Denuncia contra Mostajo es derivada de Santa Cruz a La Paz
La Procuraduría envió una nueva solicitud de informe al BID
El embajador Mostajo y el ex diputado Montenegro. Foto: Internet La Fiscalía de Santa Cruz remitió a La Paz la denuncia presentada por el exdiputado Bernardo Montenegro contra el embajador de Ciencia y Tecnología de Bolivia, Mohamed Mostajo Radji, por el caso de la compra de los 170 respiradores españoles.
“Se puso en conocimiento el memorial de denuncia presentado por el ciudadano Bernardo Montenegro Virreira en contra de Mohammed Mostajo Radji, José Eduardo Claros Mostajo, y los que resultaran coautores, cómplices por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y otros, debido a la presunta compra de 170 equipos respiradores realizada por el Estado boliviano”, señala el documento fechado el 20 de mayo.
El motivo de remitir la denuncia es que la investigación por el caso de los respiradores se desarrolla en la ciudad de La Paz.
La anterior semana, Montenegro sostuvo que Claros Mostajo es primo de la autoridad y esta persona habría manifestado en sus redes que participó en la entrega de los respiradores. Montenegro señaló, además, que Claros Mostajo es dueño de tres empresas importadoras.
La pasada semana Mostajo Radji, aclaró que el Comité Científico no realiza compras y sólo se dedica a asesorar sobre las estrategias que el Estado asume para enfrentar la pandemia del coronavirus (Covid-19).
PROCURADURÍA VS BID
La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó este lunes un segundo Requerimiento Procuradurial dirigido al Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia, respecto a la actuación del organismo en la adquisición de 170 respiradores.
La segunda solicitud se realiza después de que el BID denegó brindar el informe amparándose en su inmunidad diplomática, según la PGE.
En el proceso de adquisición investigado, el BID emitió una no objeción para proceder con el desembolso para la compra de 170 ventiladores pulmonares, asimismo realizó la transferencia directa de recursos económicos a la empresa comercializadora y no al Tesoro General de la Nación.
En la nueva solicitud, la PGE hizo referencia al Lineamiento 10 de la Guía Práctica de aplicación de la inmunidad emitida por el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, el cual permite a los organismos considerar la renuncia a su inmunidad de jurisdicción o la de sus funcionarios como corolario a su obligación de cooperar con autoridades competentes de un país.
Considerando estos antecedentes, la PGE dentro de sus atribuciones, exhortó al mencionado Organismo internacional a proporcionar información significativa que permita esclarecer las dudas existentes respecto al tema de la adquisición de respiradores.
