El TCP ahora debe dirimir la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo

Los órganos Ejecutivo y Legislativo –el primero en manos del oficialismo y el segundo, con mayoría opositora– están en un callejón sin salida debido a la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que no son promulgadas por el Gobierno. Así, ambos se rechazan normas mutuamente, dentro de una pugna política que parece no tener fin. Al menos cuatro acciones constitucionales esperan una sentencia en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ahora debe definir a quién le da la razón.

Durante los 14 años del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), la coordinación entre los órganos del Estado era evidente; pero, tras la caída del expresidente Evo Morales, la nueva administración de Jeanine Áñez mantiene una relación tensa con el Legislativo.

En diciembre de 2019, la presidenta Áñez se negó a promulgar la Ley de Derechos Humanos elaborada por el MAS. Fue el inicio de un conflicto que se agudizó con la Ley de Elecciones Generales, inicialmente fijadas para el 3 de mayo, después para el 3 de agosto y, finalmente, para el 6 de septiembre.

En febrero de este año, la presidenta del Senado, Eva Copa, que funge como titular de la ALP, anunció la promulgación de 17 leyes relacionadas con contratos mineros, transferencias de terrenos, la Ley General del Trabajo, la Ley del Tabaco, entre otras. Fueron devueltas por el gobierno de Áñez, previo análisis jurídico y administrativo, y hasta ahora no han sido promulgadas.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la Presidenta, tras recibir una ley aprobada, tiene diez días para devolverla a la ALP con observaciones. El Parlamento, a su vez, puede modificar la norma sobre la base de los argumentos de la Presidenta, o puede declarar infundadas las observaciones.

En ese segundo caso, la Presidencia de la Asamblea promulga la ley.

CONSULTA PREVIA AL TCP

Iván Lima, abogado y exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, confirma que hay una pugna política entre una ALP que emite normas y leyes y un Ejecutivo que no las promulga. Por su parte, el Legislativo tampoco aprueba las leyes que propone el Gobierno.

En este conflicto, Legislativo y Ejecutivo activan la consulta previa de constitucionalidad ante el TCP, tal como ocurrió con la Ley de Derechos Humanos, la de disminución de alquileres, la de Estados de Excepción, y la de regulación de las donaciones de organismos extranjeros que se originan en ambos órganos del Estado.

“Hay un debate entre la Asamblea Legislativa, que emite leyes, y el Ejecutivo, que se niega a promulgarlas y que finalmente remite al TCP, que no está notificando todas las resoluciones pendientes en su competencia”, dice, al respecto, Lima.

La gota que parece haber rebalsado el vaso es el ascenso de generales en las Fuerzas Armadas, cuya lista fue remitida por el Ejecutivo pero el Legislativo la rechazó después de casi cinco meses; y, por otro lado, la viabilización de un crédito de $us 1,7 millones para el equipamiento de hospitales y contratación de personal, que fue solicitada por el Ejecutivo pero no encontró respaldo en la ALP.

En el primer caso, Copa argumentó que en la tramitación en el Legislativo no se cumplió con todas las observaciones en la comisión asignada, por lo que continuaron rechazando la solicitud.  “Hace tres, cuatro semanas me hicieron llegar documentación de pura fotocopias y yo, sin ser fotocopias legalizadas, las he transmitido a la comisión y la comisión ha visto que se haga una consulta constitucional, y es lo que se ha hecho. Se ha llevado al Tribunal Constitucional y estamos a la espera, pero ayer al haber hecho un ascenso, esto viola totalmente la Constitución y es una usurpación de funciones”, dijo al anunciar una acción directa de nulidad ante el TCP.

Por otro lado, el reciente desconocimiento por parte del Gobierno a la defensora del Pueblo Nadia Cruz tiene su origen en la amenaza de promulgación, por parte de Copa, de la Ley de Estados de Excepción. Esta norma obliga al Ejecutivo a remitir información solicitada al Defensor, bajo advertencia de procesos penales en caso de incumplimiento.

Todas las leyes y resoluciones impugnadas ante el TCP por el Ejecutivo y el Legislativo están en trámite. Algunos todavía en la Comisión de Admisión y otras para sorteo a un magistrado relator.

El TCP reactivó el 10 de julio los plazos procesales en todas las acciones que estaban paralizadas desde el mes de marzo de este año.

 

Leyes promulgadas

- 30 de junio. Eva Copa promulga la ley que prohíbe los despidos durante el periodo de la cuarentena y hasta dos meses después de levantada la medida. La norma fue observada por la presidenta Jeanine Áñez.

- 10 de julio. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, promulga de forma virtual la Ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones, observada por la mandataria Áñez.

- 21 de junio. La presidenta Áñez promulga la ley para que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre, en plena pandemia, denunciando presuntas presiones de adversarios políticos.

- 29 de junio. Áñez promulga la Ley 1307 que reasigna, a favor de municipios, gobernaciones y universidades públicas, el 12% del IDH para enfrentar la emergencia del covid-19. La ley fue aprobada por el Legislativo.