Sentencia Constitucional le "da la razón" a la Minera San Cristóbal
En años pasados los trabajadores hicieron una huelga por el pago de dominicales y horas extra que salió a favor de ellos. Esta acción fue observada por la minera.
La empresa San Cristóbal explota minerales en Potosí. Foto: 1 La Minera San Cristóbal informó sobre la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia que “da la razón” a esta empresa.
En un documento, la empresa minera hizo conocer que “después de dos años de un conflicto iniciado por la directiva del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros San Cristóbal, el TCP estableció que se violó el derecho al debido proceso de la empresa al someterla a una instancia arbitral, que el 8 de agosto de 2019 “sin competencia” y de forma ilegal dictó un laudo arbitral que fue usado para reclamar un inexistente pago millonario por concepto de dominicales y horas extra”, dice el documento.
Añade que el TCP también reconoció que la minera “tuvo y tiene razón al reclamar su derecho de acudir a un juez de trabajo para resolver una controversia generada de manera ficticia por la directiva del sindicato”.
Sobre la Sentencia Constitucional 1064/2019-S4 “permite concluir que MSC fue víctima de la arbitrariedad por parte de dos ex directores generales de trabajo del Ministerio de Trabajo (…) y de un árbitro laboral designado por la directiva del sindicato, quienes nunca fundamentaron en hechos y leyes su decisión de declararse competentes para conocer un conflicto que podía ser resuelto ante un juez de trabajo, lo que significa que se actuó sin respaldo legal y de manera discrecional”, agrega el documento.
“Con esta sentencia, queda constancia de que la justicia avaló la conducta de Minera San Cristóbal, que durante los últimos 25 años fue y es sometida a desgastantes litigios e injustificadas medidas de presión, soportando incluso, una huelga de 21 días que significó la pérdida de 18.9 millones de Bolivianos por concepto de regalías a la Gobernación de Potosí; 4.2 millones de Bolivianos al municipio de Colcha K y 56.7 millones de Bolivianos por impuestos no generados al Tesoro General de la Nación”, continúa el documento.
Tras la sentencia, la minera considera que se “genera un nuevo escenario para encarar el relacionamiento con la dirigencia sindical, siempre en cumplimiento de las leyes, normas, y jurisprudencia bolivianas”.
