La Procuraduría General del Estado (PGE) desempolvó el polémico caso Fancesa-Soboce y denunció un “inadecuado y negligente” patrocinio por parte de exfuncionarios de la factoría chuquisaqueña y de otras instituciones en un proceso civil de resarcimiento de daño económico interpuesto contra la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce S.A), por el que la cementera de Sucre tuvo que pagar Bs 2,7 millones en aranceles judiciales.
En un comunicado, la PGE sostiene que constató el irregular patrocinio de exfuncionarios de Fancesa, así como de exfuncionarios de la Gobernación, la Alcaldía, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y la dirección departamental de la Procuraduría que se desempeñaban como abogados de estas instituciones.
La responsabilidad no solo recae en los exfuncionarios públicos sino también contra el juez que atendió el caso por no aplicar el Código Procesal Civil, que establece que, ante la incomparecencia de la parte demandada, en este caso Soboce, debió dictar sentencia a favor de la parte demandante, pero los exfuncionarios de las instituciones que estaban como demandantes guardaron silencio en complicidad con el hecho.
La PGE denunció los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica de los exfuncionarios mencionados por no haber cancelado los recaudos de ley para la tramitación de una apelación concedida a los demandantes, lo que ocasionó que se pague más de Bs 2,7 millones en aranceles judiciales, cuando debió pagarse no más de Bs 1.000 por la presentación de fotocopias.
La denuncia se amplía contra el juez que tramita el caso por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y prevaricato, por haber determinado la prosecución de la demanda, ante la ausencia injustificada de la parte demandada, cuando debió emitir sentencia, declarando probada la demanda de Fancesa.
Sobre este caso, el directorio del sindicato de Fancesa, a través de una nota, pidió a la alcaldesa de Sucre, Rosario López, el pronunciamiento de defensa pronta y rápida dentro de la denuncia penal presentada por la PGE en contra de exfuncionarios de instituciones que llevaron adelante la demanda de Fancesa contra Soboce por “competencia desleal”.
Los trabajadores de Fancesa sostienen que el procurador José María Cabrera, en la denuncia penal, pretende anular la demanda que ganó Fancesa a Soboce, apartar al juez de la causa Fabio Poquechoque para que el caso quede en fojas cero y la cementera paceña pague la suma de Bs 688.370.076.
Los sindicalizados piden a la Alcaldesa instruir a los directores y síndicos, realizar una defensa férrea de los intereses de la factoría chuquisaqueña y el cumplimiento de la sentencia judicial.
El Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), en una nota dirigida a la autoridad procuradurial, repudian la decisión del PGE, pues la consideran una afrenta al departamento de Chuquisaca, con el argumento de que se estaría buscando favorecer los intereses del ahora candidato a la vicepresidencia Samuel Doria Medina, pese a que ya no es ejecutivo de Soboce.
La dirigencia cívica anuncia un posible juicio de responsabilidades en contra del Procurador General por activar esta denuncia y supuestamente favorecer a Soboce.
