Caso Cafferata: La justicia incumple desde hace cuatro años un fallo del TCP que ordena nuevo juicio
Según la denuncia, Cafferata fue sentenciado por el Tribunal Quinto de Sentencia de Santa Cruz a pena máxima, sin pruebas contundentes en su contra
El Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Foto: Archivo A la justicia en Bolivia, desde hace cuatro años, no cumple una sentencia constitucional del 15 de febrero de 2016 que anuló la sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra del peruano Renato Cafferata Centeno, por el crimen de su novia del cual asegura ser inocente, y ordenó la realización de un nuevo juicio oral pero la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz se niega a cumplir.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante la sentencia SCP 0099/2016-S2, resolvió que el proceso en contra de Cafferata se retrotraiga hasta su primera instancia para un nuevo juicio y se restituyan sus derechos vulnerados, al haberse acreditado que, durante el proceso penal ante la justicia ordinaria, se vulneró su derecho a la defensa.
Desde hace cuatro años, la madre de Cafferata, Gladys Centeno, peregrina en los tribunales de justicia para hacer cumplir la sentencia constitucional, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin respuesta. Centeno incluso denunció actos de racismo de parte de los administradores de justicia.
Según la denuncia, Cafferata fue sentenciado por el Tribunal Quinto de Sentencia de Santa Cruz a pena máxima, sin pruebas contundentes en su contra y sin tomar en cuenta peritajes y testimonios que lo liberan de culpa por la muerte de su enamorada.
En el proceso se perdieron pruebas y no se consideraron otras que favorecían a Cafferata, su familia fue extorsionada en varias oportunidades por funcionarios del Ministerio Público y de la Policía con pedidos de dinero a cambio de favorecerlo en el caso, peticiones que fueron rechazadas, según la denuncia.
El TCP determinó que Cafferata fue coaccionado a prestar declaración pese a existir certificación médica forense que acreditaba su delicado estado de salud y recomendaba su internación inmediata en un centro hospitalario.
En cuanto a la vulneración del derecho a la defensa, la sentencia constitucional indica que se hace evidente que el Tribunal Quinto, que llevó el juicio, actuó con “excesivo formalismo y marcada arbitrariedad y abuso respecto a sus atribuciones procesales”, ya que también denegó la producción de prueba extraordinaria.
Ante el incumplimiento del fallo constitucional, la defensa de Cafferata interpuso cuatro autos constitucionales (12 de septiembre de 2019; SCC II N° 11/28 de 18 de octubre de 2018; SCC II N° 05/2016 de 15 de mayo de 2018; y SCC II N° 17/2017 de 6 de septiembre de 2017), que los ganó, y determinan el cumplimiento de la sentencia constitucional por la Sala Tercera. Esta situación se convirtió en un círculo vicioso por la corrupción e incumplimiento de la determinación judicial.
Quienes sentenciaron a Cafferata ahora se encuentran en otros niveles de decisión de la justicia boliviana a los que debe acudir el sentenciado, y correr la misma suerte sin garantía de encontrar justicia, dijo a ANF la madre de Cafferata.
La embajada del Perú lamentó que, a lo largo de más de cuatro años, en los que realizó pedidos concretos a la cancillería boliviana, así como al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para transmitir la preocupación del Gobierno Peruano por la violación del debido proceso y los derechos fundamentales de su connacional, no se haya cumplido la sentencia.
