Estiman que en dos semanas acusarán y suspenderán a dos magistrados para ir a juicio

El Comité de Ministerio Público y Defensa Legal de la Cámara de Diputados reactivó el proceso de juicio de responsabilidades en contra de los consejeros de la Magistratura Dolka Gómez (Presidenta) y Gonzalo Alcón, con la aprobación por unanimidad de la imputación formal por presuntas irregularidades en el proceso de designación de jueces y denuncias de presuntos cobros.

La imputación fue aprobada la anterior semana por los diputados miembros del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal y fue remitida a la Comisión de Constitución, que en las próximas horas formulará la acusación en contra de estas dos autoridades lo que podría derivar en la suspensión de las mismas para ser sometido a juicio en el Senado.

Uno de los denunciantes, el diputado Amilcar Barral, informó a Correo del Sur Digital que el martes de la anterior semana, la Comisión de Justicia Plural renudó los plazos procesales en las diferentes denuncias contra autoridades judiciales y del TCP, y luego de recibir el informe del Comité investigador, aprobó la imputación formal contra los dos consejeros.

“Cuando se formula la acusación inmediatamente son suspendidos estos dos magistrados para ser procesados en un juicio de responsabilidades (…) Esto está avanzando, yo creo que en unas dos semanas máximo estas personas tienen que ser suspendidas de sus cargos, porque en el Consejo de la Magistratura solamente son tres magistrados, así que dos estarían siendo suspendidos”, manifestó Barral.

Según Barral, se negociaron los cargos a jueces para distintos juzgados de las ciudades del país a cambio de plata, no se respetó la meritocracia, y también hubo denuncias de irregularidades en la administración de Derechos Reales, donde se maneja mucho dinero.

El diputado señaló que junto a sus colegas presentaron más de 100 pruebas contundentes que demuestran que los denunciados incurrieron en actos de corrupción.

Cabe recordar que el 19 de marzo de este año, la Comisión de Justicia Plural ya aprobó la imputación en contra de los consejeros, pero los imputados plantearon incidentes ante la Comisión de Constitución, alegando vulneraciones al debido proceso y lograron anular la misma. En los últimos cinco meses de cuarentena por el covid-19, todo el proceso se encontraba paralizado.

Esta denuncia fue presentada en noviembre de 2019, por Amilcar Barral, a la que se sumaron sus colegas Yesenia Yarhui, Lourdes Millares, Micaela Nina y otros, por presuntos nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo en la designación de 169 jueces en las convocatorias 013, 05 y 043 del Consejo de la Magistratura.

En este proceso de designación, no se respetó las mejores calificaciones, la meritocracia e incluso se habría hecho cobros, según Barral.

Los consejeros aludidos mantienen silencio respecto a estas denuncias y no atienden a los requerimientos de la prensa pese a las gestiones ante las oficinas de relaciones públicas.

Con la reanudación de plazos, la Cámara de Diputados reactiva los procesos de juicios de responsabilidades contra varias autoridades del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Fiscal General del Estado que estaban paralizados debido a la pandemia del coronavirus.