Denuncian adulteraciones e intervienen Registro de Antecedentes Penales
Algunos certificados están siendo emitidos sin ningún tipo de antecedentes penales cuando los beneficiados sí los tienen
La Dirección Nacional de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura intervino las oficinas del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) Chuquisaca, a raíz de denuncias de que se habrían emitido certificados de antecedentes penales presuntamente adulterados y secuestró CPUs y documentación que implicaría a algunos funcionarios.
“Hemos procedido a intervenir el Registro Judicial de Antecedentes Penales. A denuncia, y de acuerdo a investigaciones realizadas, se ha logrado establecer que existe algún grado de responsabilidad por parte de algunos de los funcionarios judiciales y estamos siguiendo las investigaciones para establecer quién es el responsable, cuándo se cometió algún tipo de acto antijurídico”, informó el director nacional de Control y Fiscalización, Tayrone Cuellar.
Añadió que existen denuncias de que algunos certificados están siendo emitidos sin ningún tipo de antecedentes penales y cuando se revisa el sistema, la persona sí los tiene. “Entonces constatando y verificando los actos, se nota que existen ciertas irregularidades, las cuales tenemos que esclarecerlas”, dijo.
Dentro de estas denuncias de documentación presuntamente falsificada, se encontraría el caso del exmilitar Rurig River Covarrubias García, sindicado por presuntamente ayudar a huir a la joven N., víctima del caso estupro que involucra al expresidente.
“Es una de las denuncias que tenemos, pero son varias”, señaló escuetamente Cuellar y con relación a si el Gobierno presentó alguna denuncia en contra del exmilitar, dijo que “no se presentó nada”.
Por su parte, el jefe nacional de Control y Fiscalización, Fernando Estrada, detalló que en la intervención se secuestraron varios CPUs y documentación de las oficinas del Rejap Chuquisaca.
“En base a un análisis que vamos a poder realizar, vamos a poder identificar si realmente ha podido existir algún tipo de responsabilidad en parte de los funcionarios de la nacional o de otros departamentos del Rejap que son los encargados de emitir los certificados de antecedentes penales”, señaló.
Hasta la fecha ya se intervino las oficinas de esa institución en Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca.
