Casi dos años después, Consejo no resuelve auditorías a procesos judiciales cuestionados

En el Consejo de la Magistratura no prosperan decenas de solicitudes de auditorías jurídicas en varios casos, entre ellas el proceso de juicio en el caso del ciudadano peruano Renato Cafferata. Después de casi dos años, el Consejo no se pronuncia. Esta persona lleva nueve años en prisión, en Palmasola, por un crimen que él asegura no cometió.

La solicitud de auditoría de este caso fue presentada en diciembre de 2018 por Gladys Centeno, madre de Cafferata. Recientemente, sin embargo, la auditora del Consejo en Santa Cruz, Valeria Vidaurregui, casi dos años después de tener la documentación en la “congeladora”, rechazó seguir con la auditoría con base en fotocopias, según denunció la progenitora.

“Esta es una actuación descarada y descarnada del Consejo de la Magistratura (…) Después de dos años, a la auditora se le ocurrió decir que no necesita las fotocopias, sino los originales”, señaló.

Centeno anunció que presentará en las próximas horas una queja formal ante el Consejo de la Magistratura y ante el Ministerio de Justicia por lo que considera una excesiva demora en el trámite, que tiene que ver con la vida de su hijo. La justicia sigue violando sus derechos humanos, aseguró.

La familia de Cafferata agotó todas las instancias judiciales para exigir justicia, pero todos se “rebotan” el caso, según Centeno.

En 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló la sentencia de 30 años de prisión contra Cafferata y ordenó que el tribunal de sentencia instale un nuevo juicio, tomando en cuenta la prueba “clave” del imputado. Este fallo no se cumple, según su madre.

El Consejo de la Magistratura, desde hace dos años, anunció varias auditorias a procesos relevantes, cuestionados en el sistema judicial. El único que concluyó es el caso del bebé Alexander, por la presión social, que reportó varias irregularidades en el proceso y derivó en la anulación de este proceso y la liberación del único encarcelado y el procesamiento a los jueces.

Otro caso pendiente es la auditoría a Derechos Reales, tras los escándalos de corrupción. Los consejeros dijeron el año pasado que el informe final ya estaba concluido, pero jamás lo hicieron público.

En agosto de 2019, estalló el escándalo de supuesta corrupción por cuoteo de cargos de jueces, y meses después, otro caso por irregularidades en el proceso de designación de jueces. Por estos hechos, los tres consejeros (Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel) no comparecen públicamente, pese al requerimiento de los medios de comunicación.

Este medio buscó una declaración del Consejo de la Magistratura sobre estos temas, pero no tuvo éxito.

FINALIDAD DE LA AUDITORÍA

Según el reglamento, la finalidad de la auditoría jurídica es verificar el cumplimiento legal en los procedimientos establecidos dentro de los procesos judiciales y administrativos; identificar debilidades y fortalezas en la tramitación de procesos judiciales y administrativos y establecer posibles indicios de responsabilidad administrativa, civil y/o penal.