Tras recuperar su libertad, los 28 jóvenes aprehendidos el jueves por la tarde en La Recoleta denunciaron tratos inhumanos por parte de los uniformados y afirmaron que toda la acusación fue “armada” para frenar las denuncias contra el fiscal general, Juan Lanchipa.

En un mensaje difundido en las redes sociales, los aprehendidos manifestaron que la Policía reportó en su informe que los arrestados en La Recoleta estaban consumiendo bebidas alcohólicas, pero jamás les hicieron un test de alcoholemia y los encerraron en celdas de 3x3 y 3x4 metros, con las manos arriba por varias horas.

Aseguran que entre los aprehendidos había activistas no solo de Santa Cruz, sino de otros departamentos del país, quienes manifestaron que fueron “humillados” con “un plan de hechos delictivos” que nunca sucedió.

“No nos encontraron nada, luego mágicamente apareció una bolsita al lado de un oficial”, señaló uno de los imputados.

Otra persona aseguró que a su arribo en la tranca un policía les advirtió: “Ustedes ya no vuelven”.

Una mujer arrestada denunció que le acusaron de portar el covid-19, pero jamás le hicieron una prueba certificada. Cuatro personas dieron positivo a la prueba rápida, después dieron negativo a covid-19.

“Estos son los del Comité Cívico, estos son los ‘calvistas’ (refiriéndose a Rómulo Calvo)”. Así fueron identificados según otro arrestado que denunció que no les dejaban salir ni al baño ni acceder a comida.

El abogado de los imputados, Alfredo Gutiérrez, señaló que en la audiencia cautelar se denunció ante el juez estos abusos porque no había la granada ni las bebidas alcohólicas que demostraran la denuncia, pero el juzgador prefirió “ignorarlas”.

JUEZ NO ENCONTRÓ VULNERACIONES

Según la comisión de fiscales, las denuncias de supuesta aprehensión ilegal y hacinamiento fueron reclamadas a través de incidentes en la audiencia cautelar, pero el juez estableció que la Policía y el Ministerio Público cumplieron con los plazos de arresto establecidos por ley y que tampoco se demostró hacinamiento.

La Fiscalía sostiene que el juez determinó que los 28 imputados son con probabilidad autores de los delitos contra la salud pública y si determinó la libertad irrestricta para 24 denunciados es porque no encontró peligro de obstaculización y otros riesgos.

En la audiencia, el juez Lázaro Rocha señaló que la imputación fiscal fue presentada el 11 de septiembre a las 20:20, en un plazo menor a 48 horas y que no hay elementos que acrediten si la Policía sobrepasó en arrestar por más de ocho horas a estas personas.

Asimismo, sobre la aprehensión en condiciones inhumanas de hacinamiento en celdas policiales, el juez dijo que las fotografías no acreditan claramente si estaban en esa situación, pero sí de que varias personas se encontraban en una sola celda; dejó que Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo verifiquen aquello, por lo que declaró infundado los incidentes.

Correo del Sur Digital intentó contactarse con las autoridades policiales pero no respondieron a las llamadas a sus teléfonos celulares.