El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto Supremo 4231 del Gobierno de Jeanine Áñez debido a que esta disposición legal, que buscaba prevenir la “desinformación” escrita, impresa o artística, mediante sanciones penales, dejó de tener vigencia, luego ser derogada por el propio Ejecutivo.
Las acciones de inconstitucionalidad abstracta (AIA) contra la disposición adicional única del DS 4231 del 7 de mayo de 2020 fueron planteadas por el asambleísta departamental de Chuquisaca Manuel Alfaro (MAS) y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz; empero, el Ejecutivo, el 14 de mayo, derogó ese y otros decretos, tras la presentación de las acciones de inconstitucionalidad y la ola de críticas que surgieron contra la norma.
“Por consiguiente, en el caso de examen, no es posible realizar el test de constitucionalidad de la norma legal impugnada, ya que dejó de tener vigencia y efecto normativo en el ordenamiento jurídico del Estado”, por lo que no amerita una decisión de fondo, informó el TCP.
El auto constitucional 0083/2020 del 28 de mayo de este año, firmado por los magistrados Yván Espada, Georgina Amusquivar y Brígida Celia Vargas, fue notificado a los accionantes este martes, antes de mediodía, es decir, casi tres meses después.
Esto es lo que establecía la polémica norma: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
