Pasaron nueve años desde la brutal represión policial contra los marchistas (hombres, mujeres y niños indígenas), que tuvo lugar en la localidad de Chaparina. El domingo 25 de septiembre de 2011, un gran contingente de efectivos rodearon al grupo de movilizados, mientras acampaban. Los gasificaron, los golpearon y tumbaron en el suelo a patadas, sin contemplación. Los enmanillaron e inmovilizaron con cintas adhesivas.

El recuerdo aún permanece, al igual que la intención de procesar a quienes están acusados de ordenar y de ser autores de esta intervención, entre ellos Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y Carlos Romero, exautoridades del gobierno de Evo Morales.

Pero el caso no avanza en el país; sin embargo, hace unas semanas se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un proceso contra el Estado boliviano por la violación de los derechos de los pueblos indígenas del Tipnis, en ese propósito de construir la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, sin atender su criterio y parecer, durante el segundo periodo de gobierno de  Morales, hoy asilado en Argentina.

Frente a un resonado proceso en el país, el dirigente y líder de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y parte de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Adolfo Chávez, dijo, en entrevista con ANF, que esta demanda se reiniciará cuando se consolide la reestructuración y reforma del sistema judicial.

"La justicia boliviana está todavía en administración del gobierno anterior, y es por eso que, en ese tiempo, de ese gobierno, se rechazó nuestra demanda contra el mismo Morales, Sacha y Romero y los comandantes de entonces. Ante esta justicia y este hilo conductor, aún dependiente al anterior gobierno, es que nosotros hemos pedido la ayuda internacional", dijo Chávez en la víspera, al terminar un cabildo de pueblos indígenas en la región de Trinidad, para llevar adelante hoy un pronunciamiento, tras nueve años de la represión.

La demanda por justicia ante ese hecho, que causó el repudio de la población, continuará, pero Chávez insistió en que, mientras "operen (la justicia) fiscales y jueces, desde el mismo Lanchipa (Fiscal General), seguirán rechazando nuestra demanda y generando obstáculos, y nosotros buscamos que se sancione a los responsables, y eso se dará cuando haya una reestructuración y reforma de esta justicia".

Paralelamente, se espera que el caso avance en la CIDH y que, pese a los años transcurridos, se vayan sumando más pruebas y testimonios del hecho, que Chávez califica como "la brutal represión de un gobierno indígena contra los indígenas".

Hoy, para recordar ese domingo violento, se llevarán adelante pronunciamientos, con testimonios de indígenas que sufrieron la represión, a través de las redes sociales de la CIDOB orgánica.

Anoche, durante el Cabildo de dirigentes indígenas, en instalaciones de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), en Trinidad, también se confirmó la presencia de la presidenta Jeanine Áñez para un evento programado este sábado 26 de septiembre.