El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no se pronuncia sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley 1315 que rige las elecciones del 18 de octubre y la consulta sobre la cancelación de la personalidad jurídica del MAS, ambas promovidas hace más de un mes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE); los abogados cuestionan la demora, el hermetismo y falta de transparencia en la información para el seguimiento de varias demandas.
La acción de inconstitucionalidad contra la ley 1315 fue presentada el 28 de agosto por el diputado Luis Felipe Dorado y otros abogados. Un mes después no se sabe si fue admitida y está en trámite la sentencia.
El parlamentario demandó la inconstitucionalidad de esta ley que sanciona como delitos a los ciudadanos que incumplan su deber electoral en medio de la pandemia.
En cambio, la consulta sobre la constitucionalidad del artículo 136 de la Ley Electoral que sanciona a las organizaciones políticas que difundan resultados electorales, a casi dos meses de su presentación, tampoco tiene respuesta de la comisión de admisión del TCP.
“Hay cálculos políticos”, advierte el abogado Jaime Hurtado, aunque extraoficialmente se conoció que en esta jornada podría conocerse alguna resolución de la comisión de admisión relacionada con una de estas acciones.
PLAZOS VENCIDOS
Sobre la acción de inconstitucionalidad contra la ley 1315, el abogado y analista político Iván Lima, sostiene que por el tiempo transcurrido, ya tendría que estar admitida y podría conocerse una resolución con fecha pasada, y la sentencia, después de las elecciones.
De momento, en el TCP, hay dos acciones relacionadas con las elecciones presidenciales: la consulta sobre la personalidad jurídica del MAS y la acción de inconstitucionalidad contra la ley 1315 que fija las elecciones para el 18 de octubre.
El abogado Arturo Yáñez, cuestionó el silencio, el hermetismo y la falta de información actualizada en el TCP que emite fallos con fechas “falsas”, y la página web desactualizada que no ayuda al seguimiento de las causas a los propios abogados.
Jaime Hurtado dijo que el nuevo derecho debe ser oportuno, porque no tiene sentido los fallos que no brindan tutela oportuna y mucho más cuando las realidades vulneratorias se consolidan.
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Silvia Padilla, calificó de “altamente preocupante” la demora en la administración de justicia.
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