Procuraduría pide imputación contra Evo, García Linera y exministros por “gigantesco fraude”
Denuncia a la exautoridades por los delitos de manipulación informática en procesos electorales, alteración y ocultación de resultados electorales, falsedad material e ideológica y uso indebido de influencias
Álvaro García Linera y Evo Morales se encuentran asilados en Argentina. Foto: Archivo La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó este martes un memorial en el que exige a la Fiscalía General del Estado la imputación del expresidente Evo Morales Ayma, del ex vicepresidente Álvaro García Linera y de los exministros Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta por un “gigantesco fraude electoral” en las elecciones del 20 de octubre de 2019.
Se trata de un segundo proceso penal, al margen de otro que sigue la Fiscalía en contra de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral, debido a que la PGE considera que las exautoridades del Órgano Ejecutivo se constituyeron en autores intelectuales, financiadores y conductores del fraude a través de los exvocales, funcionarios, técnicos y empresas nacionales e internacionales que ejecutaron los delitos.
En el documento presentado a la Fiscalía, la Procuraduría denuncia que el gobierno de Morales llevó adelante un “gigantesco fraude electoral con el objetivo de burlar la voluntad popular, evitar la segunda vuelta electoral, en beneficio de los candidatos del binomio del Movimiento al Socialismo (MAS) y en perjuicio del resto de candidatos de los demás partidos y alianzas”.
“Estas acciones criminales lesionaron bienes jurídicos trascendentales para la democracia, tales como la integridad, legitimidad y transparencia de los procesos eleccionarios, fuentes esenciales de cualquier Estado Constitucional de Derecho”, afirma el documento elaborado por la PGE, que tiene como prueba el “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia” realizado por la misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras investigaciones sobre el caso.
El escrito de la PGE destaca además que el Estado ejecutó recursos por valor de Bs 138,9 millones de bolivianos, “un gasto vano y desperdiciado en unas elecciones fraudulentas”.
En el mismo, la Procuraduría señala que la Fiscalía debe emitir imputación formal contra las mencionadas exautoridades por los delitos de manipulación informática en procesos electorales, alteración y ocultación de resultados electorales, falsedad material e ideológica y uso indebido de influencias.
