El Ministerio Público calificó como “contradictoria, incoherente” y carente de fundamentación la resolución del juez del Tribunal de Sentencia Nº 1 de Camargo, Osvaldo Gustavo Corcus, que el martes ordenó el cese de la “persecución indebida” a los dirigentes cívicos de Santa Cruz que en una acción de libertad denunciaron intentos de allanamiento a su hospedaje.
El juez Corcus atendió una acción de libertad de los cívicos cruceños que se encuentran en Sucre desde hace más de un mes exigiendo la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa, cuya manifestación fue frenada por procesos penales a raíz de hechos que fueron denunciados como daño al patrimonio de la ciudad.
Los fiscales que están a cargo de esta investigación presentaron ayer un memorial de explicación, complementación y enmienda a la resolución del juez, toda vez que la consideran “defectuosa y falta de fundamentación” y contraria a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según el coordinador departamental de la Fiscalía en Chuquisaca, Jhunior Martínez.
“Es una resolución totalmente incoherente, contradictoria, sin fundamentación, sin motivación ni especificación del alcance y los efectos que tiene la misma”, señaló.
Además dijo que pedirán la remisión inextensa de la grabación de toda la audiencia porque no se habría considerado muchos elementos y pruebas del Ministerio Público que desvirtúan la demanda de los accionantes.
CUARTO INTERMEDIO
El fiscal Jhunior Martínez aseguró que contrariamente a la jurisprudencia constitucional, el juez Corcus decretó un cuarto intermedio en la audiencia para emitir su resolución, cuando la ley prohíbe estas pausas en una acción de libertad y tampoco puede leer solamente la parte dispositiva de su resolución.
El abogado de los cívicos de Santa Cruz, Cristian Mina, informó que todavía falta la declaración de los denunciados, miembros de la RJC y de las plataformas que son investigados por estos hechos.
