La justicia dicta detención domiciliaria para el abogado del Comité Cívico pro Santa Cruz

La justicia dictó detención domiciliaria en La Paz para el abogado del Comité Cívico pro Santa Cruz, Jorge Valda, en una audiencia de medidas cautelares celebrada esta tarde en La Paz.

Uno de los abogados de Valda, Nadia Beller, informó en sus redes sociales que el abogado de la entidad cívica cruceña deberá depositar además una fianza de 100 mil bolivianos.

La mañana de este domingo, un tribunal de garantías, en una audiencia de acción de libertad, ordenó que Valda fuera trasladado a Santa Cruz. Sin embargo, poco después la Fiscalía solicitó una audiencia de medidas cautelares en su contra, en el marco del proceso que le sigue por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Beller dijo que espera que Valda sea trasladado a Santa Cruz, según lo dispuesto por el tribunal de garantías, para presentarse en la audiencia de acción de libertad, que fue pospuesta hasta mañana.

Según un reporte de El Deber, el fiscal a cargo del caso, César Choquehuanca, sostuvo que hay riesgo de que Valda fugue del país, ya que entre diciembre y marzo hizo viajes a Paraguay, Argentina y Colombia.

Para el fiscal, Valda no tiene voluntad de someterse al proceso, puesto que vistió el portal digital de sistema judicial para ver el estado de su caso y no se presentó a declarar.

Agregó que hay muchos actos investigativos que conducen a la culpabilidad del acusado. No detalló los bienes que señalan un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre Valda, pero dijo que se detectaron transacciones que no condicen con la actividad del acusado.

Valda dijo esta mañana que la “irracionalidad” de la justicia volvió a la justicia y afirmó que el caso que le sigue la Fiscalía fue rechaza con anterioridad y esta fue reabierta por sus denuncias contra el Fiscal General y los resultados de las elecciones del 18 de octubre.  

El ministro de Justicia, Iván Lima, también en la mañana, rechazó que el Gobierno esté detrás del caso y aseguró que no intervendrá en ningún caso concreto y garantizó la independencia de la justicia.