Peruano lleva casi diez años con detención preventiva

Renato Cafferata, acusado del asesinato de su novia en Santa Cruz, del que se declara inocente, denuncia que lleva casi diez años con detención preventiva en Palmasola; pidió la cesación, pero en medio de esta retardación judicial hicieron desaparecer su registro de ciudadanía en Migraciones, y el hombre no existe en Bolivia, pero está en la cárcel, denuncia su madre, Gladys Centeno.

El súbdito extranjero vive en Santa Cruz desde sus tres años, ahora tiene 34, a sus 24 fue encarcelado, acusado del crimen de su novia, hecho vinculado a ajustes del narcotráfico, pero él asegura que lo condenaron por haber acudido al auxilio de la víctima, no hay otra evidencia que lo sindique, la Policía y la Fiscalía hicieron desaparecer prueba clave de su inocencia y tampoco valoraron el ADN que no le vincula en el asesinato en 2011.

En este viacrucis por justicia, Centeno dijo que querían solicitar la cesación a la detención preventiva, en el marco de la ley 1173, para ello, requerían la cédula de identidad de Renato, pero se sorprendieron con que su registro había desaparecido en Migraciones. La familia sospecha que la Fiscalía y la Policía hicieron borrar estos datos del sistema en marzo de 2011, tras el crimen.

La madre de Renato asegura que al parecer lo armaron todo, hicieron desaparecer su registro personal en Migración, le echaron la culpa del crimen de su novia y pretendían matarlo.

Frente a esta situación, intervino la Embajada peruana para saber qué pasó con el registro de ciudadanía de Renato y tampoco hay respuesta de Migraciones Bolivia.

AUDITORÍA SIN RESPUESTA

En esta batalla jurídica, Centeno acudió al Consejo de la Magistratura exigiendo auditoría al proceso, pero no hay respuesta desde hace dos años; el viernes, se apersonó a la Fiscalía General solicitando una auditoría fiscal, y espera una respuesta.

Esta demora fue denunciada ante el Viceministerio de Justicia, donde tropezó con otra muralla, porque la autoridad le advirtió que el Tribunal Quinto de Sentencia (que condenó a su hijo a pena máxima), “nunca dará un paso atrás” y que debe dejar de presentar más denuncias o que el TCP ponga por escrito cómo quieren que fallen los jueces.

“Ninguna autoridad judicial es específica en sus resoluciones, de fallar apegada a la Constitución”, lamentó Centeno.

Los jueces de Santa Cruz no hacen caso a las resoluciones de los tribunales de alzada, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló el fallo en 2016; en estos cuatro años se rebotan el proceso entre jueces y tribunales con una dilación exagerada. 

Lo único que pide el acusado es ser juzgado con el debido proceso, asumir su defensa y que sus pruebas de descargo sean valoradas, lo que no ocurrió en el juicio y le condenaron solo en base a la versión de los acusadores.

“Desde el primer día del hecho (mi hijo) fue culpable, sin sus pruebas de oficio, sin la prueba de ADN, no pudo declarar sobre el hecho y ninguna autoridad judicial dice nada sobre al abuso del Tribunal Quinto de Santa Cruz”, afirma Centeno.