Según la defensa del militar aprehendido, el plan prohibía usar armas letales

El primer jefe militar aprehendido por las muertes en Sacaba (Cochabamba) durante la crisis poselectoral espera que se fije la audiencia de medidas cautelares y que la justicia y la Fiscalía actúen conforme a ley ya que el plan estratégico que él coordinó establece claramente que no se debía usar armamento letal.

El comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, general de Brigada Aérea, Alfredo Cuéllar, se convirtió ayer en el primer miembro de las Fuerzas Armadas aprehendido por orden de la Fiscalía en las celdas de Sacaba.

En este caso se investiga las muertes que sucedieron en un enfrentamiento entre manifestantes del Trópico de Cochabamba y fuerzas del orden en el puente Huayllani, el pasado 15 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales.

En declaraciones a la red Uno, el abogado del militar, Edwin Paredes, se mostró sorprendido con la orden de aprehensión y con que su defendido esté acusado ahora del delito de asesinato cuando el proceso fue abierto por homicidio y lesiones gravísimas, y él fue convocado anteriormente en calidad de testigo.

Hasta anoche esperaba la imputación fiscal que definirá su situación jurídica.

El jurista dijo que su defendido solo cumplió funciones administrativas y nunca tomó decisiones de operación.

Presentó un plan estratégico de trabajo general en noviembre, en cumplimiento a un decreto supremo y una orden del Comando, el mismo que establecía que se requería de permisos de los comandantes de fuerzas y de la Policía para usar armamento no letal y se dejaba claramente establecido que no se debía usar armamento letal, según detalló.

Agregó que los comandantes de las diferentes fuerzas y la Policía eran los encargados de elaborar un plan de operación y ejecutarlo.

La aprehensión se dio un día después de que se instaló un Grupo de Expertos de la CIDH que investigará los sucesos de violencia de 2019.