Fallo ordena dejar sin efecto la posesión de un magistrado del TSJ
Vocales de Beni disponen que el TSE anule la participación del entonces candidato Carlos Alberto Egüez
El Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Sucre. Foto: ARCHIVO La Sala Constitucional de Beni ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejar sin efecto el nombramiento y posesión del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Alberto Egüez, tras disponer anular su candidatura en las elecciones judiciales de 2017. La decisión provocó el cuestionamiento del directorio del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) que denunció una “flagrante violación a los derechos constitucionales, ya que no es legal la destitución de un magistrado mediante una acción constitucional”.
Tras una acción popular interpuesta el 23 de noviembre por los ciudadanos Robin Mercado Céspedes, Marco Antonio Balcázar y María Patricia Guardia Morales en contra de los exvocales y los actuales titulares del TSE, la Sala Constitucional de Beni resolvió que estos no actuaron oportunamente en las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017, al no inhabilitar al entonces candidato Carlos Alberto Egüez, denunciado por infringir la ley electoral que prohibía campañas.
Ese año, la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Beni ordenó la repetición de la votación en cuatro mesas de las localidades de Oromomo, Puerto San Lorenzo y Misión Fátima, por irregularidades en la votación.
Empero, tres días antes de la repetición de la votación, el 17 de diciembre, el entonces candidato Carlos Alberto Egüez, en compañía del presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Pedro Bare, fueron sorprendidos pidiendo el voto, según la denuncia.
Con estos antecedentes y alegando lesiones a sus derechos políticos, los accionantes solicitaron a la sala constitucional anular la candidatura de Egüez, inhabilitarlo de participar en la repetición del voto, dejar sin efecto su nombramiento y posesión y anular su credencial como magistrado.
La Sala Constitucional de Beni falló el 4 de diciembre ordenando al TSE declarar la nulidad de la candidatura de Egüez, “se tenga como ganador al que alcanzó la segunda mejor votación (la abogada Mariana Montenegro), debiendo además el Órgano Electoral, dejar sin efecto el nombramiento y posesión del referido candidato, anulando además la credencial otorgada al mismo como autoridad judicial”.
En los últimos años, Montenegro ha sido la impulsora de otro proceso contra Egüez por presunto fraude.
Rechazo del Conalab
El Conalab, en un pronunciamiento, denuncia una flagrante violación de los derechos constitucionales y de las leyes “ya que no es legal que mediante una acción constitucional, se destituya a un magistrado de su cargo, mucho menos con una acción popular”.
Cita las causales de la cesación de funciones de un magistrado: “por cumplimiento de su mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley”.
El Conalab pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en revisión se pronuncie con celeridad sobre este caso, insta a la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) a pronunciarse; al TSJ, a asumir acciones legales en defensa de la independencia judicial, y al TSE a hacer respetar esa independencia.
CORREO DEL SUR intentó hablar con Egüez vía telefónica, pero no tuvo respuesta. Algunos de sus colegas magistrados comentaron que la acción no procede y que pone en riesgo la actuación del magistrado durante estos tres años de ejercicio.
