Paul Franco: Se habla de un mejor servicio, pero no tenemos equipamiento

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cierra el 2020 aquejado por un incremento desproporcionado de causas: solo en la Comisión de Admisión superaban las 3.000; si bien se reducirán con el plan de descongestionamiento que está en curso, este tema requiere de soluciones de fondo a partir de la reforma en camino. El TCP busca un presupuesto e infraestructura adecuados y la implementación de una gestión procesal moderna.

El presidente del TCP, Paul Franco, en una entrevista con CORREO DEL SUR, revela que en la primera reunión con el ministro de Justicia, Iván Lima, le hicieron conocer de estas necesidades para que sean atendidas en el marco de la reforma judicial.

Sostiene que en el sistema judicial constantemente se habla de tecnología y de inteligencia artificial, pero el TCP no tiene equipamiento ni las herramientas adecuadas para la implementación de un sistema moderno de trabajo.

“Tenemos un sistema de gestión procesal que data de 1999, que fue donado por Costa Rica. Si queremos implementar un sistema mucho más moderno necesitamos dinero, lo que no está en nuestro presupuesto, entonces es una limitación gigantesca. Queremos mejorar los flujos para el desarrollo de las causas pero no nos acompaña ni la infraestructura, que no es acorde a las necesidades que tenemos como TCP”, señala Franco.

La limitación presupuestaria y de personal impide encarar una nueva estructura orgánica e institucional para cumplir adecuadamente sus funciones.

“Tenemos todo ese tipo de limitaciones. No puedo alquilar otro ambiente para descongestionar el TCP porque no lo tengo asignado presupuestariamente, no puedo dotar de mayor cantidad de equipamiento y mobiliario porque no tengo el presupuesto”, enfatiza la máxima autoridad del TCP.

Congestión de la carga

Sostiene además que a veces el problema no está solamente en la institución sino también en las soluciones que se puedan dar al incremento desmedido de la litigiosidad y de las causas.

“Nosotros identificamos muchas cuestiones que no deberían venir al TCP, pero lamentablemente no funciona adecuadamente la pluralidad de las jurisdicciones y la gente tiene mayor esperanza en encontrar solución en el TCP a diferencia de acudir a las otras instituciones”, puntualiza.

Algunos casos deberían resolverse en la vía administrativa, pero en los hechos llegan a congestionar la carga procesal.

Por ejemplo la conminatoria laboral que emite la Dirección Departamental del Trabajo cuando una persona natural o jurídica no la cumple, los afectados plantean una acción de amparo para que la justicia constitucional verifique si está vigente la conminatoria y ordene su cumplimiento, pero pueden acudir a otros mecanismos administrativos.

“Si se llama conminatoria es que se está conminando a que se cumpla algo, no tiene por qué venir a la jurisdicción constitucional para que esta ordene el cumplimiento de la conminatoria, debería tener sus propios mecanismos administrativos y si es una conminatoria tiene que cumplirse y acatarse, y si existe alguna observancia hay los mecanismos administrativos a los cuales las partes puede acudir”, explica Franco.

A este paso, el TCP se está constituyendo en un órgano revisor del control de legalidad con relación a estas cuestiones.

Dice que lo mismo ocurre con algunas atribuciones del Tribunal Agroambiental (TA) que si funcionaran evitarían que los litigantes acudan directamente al TCP. La jurisdicción agroambiental podría solucionar, sobre todo, asuntos relacionados con medidas de hecho en casos de avasallamiento de predios.

Ante el incremento de causas, la autoridad dice que en algunas salas del TCP aplicaron la potestad discrecional de emitir fallos en los que no existe un pronunciamiento constitucional que ha sentado jurisprudencia, porque si ya hay un fallo, por la eficacia vertical que tiene la jurisprudencia se tiene que acatar, según sus palabras.

“Nosotros, de acuerdo con la CPE, tenemos la revisión de todas las causas de defensa de oficio, hay situaciones que vienen colapsando el sistema judicial que son producto de análisis”, afirma.

Franco enfatiza que mientras más amplio sea el debate para construir las bases de la reforma judicial, con varios actores, se encontrarán mejores soluciones.

Logros

El Presidente del TCP destaca entre los logros del año la dotación de 18 ítems para abogados asistentes, que incluyen un presupuesto adicional de más de Bs 3 millones.

También la implementación del teletrabajo en el país, a partir del 18 de marzo, para hacer frente a la llegada de la pandemia del coronavirus, aún cuando el Gobierno no había decretado las restricciones.

El TCP tiene 343 funcionarios y la mayoría de ellos trabaja en una infraestructura antigua, en la avenida del Maestro, que ya cumplió su ciclo de servicio y no es posible hacer más remodelaciones que permitan cumplir con las medidas de bioseguridad contra el covid-19 como el distanciamiento. Tuvieron que adoptar el teletrabajo con resultados, según Franco.

Plan de modernización

Con la llegada del covid-19, dice que presentó un plan de modernización y equipamiento para el TCP que fue aprobado por Sala Plena. Se realizaron gestiones ante el Ejecutivo para evitar que los recursos no ejecutados de enero a junio de este año sean revertidos, sino utilizados en la modernización y digitalización de causas.

“Estamos invirtiendo Bs 4.242.183 millones para la compra de servidores, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, escáner de alto tráfico, fotocopiadoras y equipamiento de desinfección a través de nebulizadores, purificadores, relojes modernos que incluso toman la temperatura para identificar a personas, máquinas de desinfección de ozono y otros que nos permitirá afrontar el rebrote con el equipamiento”, detalla a continuación.

Además, dice a este periódico que adquirieron una plataforma virtual y todos los servicios para el funcionamiento de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales (APEC) el próximo año.

Fueron digitalizados los ‘files’ de los servidores públicos, sistema de almacenes, actualización de los activos fijos, el buzón digital para la presentación de acciones constitucionales desde cualquier punto del país, algo que fortalecerá el derecho digital, además de la implementación de la tecnología e inteligencia artificial en el ámbito del derecho.

Cartas orgánicas

El TCP despachó 13 cartas constitucionales que declaran la compatibilidad de cartas orgánicas municipales y otras tres están en puertas de salir, por lo que sumarán 16.

“La demora se debe a la carga procesal que tenemos, la falta de una infraestructura adecuada, la falta de personal y la excesiva carga procesal en el TCP que cada año se incrementa”, finaliza Franco.