La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se resiste a cumplir una resolución constitucional que ordena que la decanatura debe ser ejercida por el magistrado con mayor antigüedad en el ejercicio de la abogacía, por lo que el cargo le correspondería a la magistrada María Cristina Díaz, pero los magistrados mantienen a su colega Esteban Miranda.
Así lo sostuvo Marco Antonio Baldivieso, abogado de la magistrada Díaz, al advertir que los magistrados no solo están generando inseguridad jurídica con este incumplimiento a acciones de defensa, sino se están arriesgando a la comisión de delitos que pueden motivar un proceso penal.
Según sus palabras, los magistrados del TSJ dan una mala señal porque tendrían que dar ejemplo de cumplimiento y sometimiento a la Constitución y su propia Ley y a las decisiones del Tribunal de Garantías.
“Al no hacerlo están generando inseguridad jurídica y se están arriesgando a las sanciones que el Código Procesal Constitucional contempla, por ejemplo, remitir antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de decisiones asumidas en acciones de defensa, lo que constituye en un delito que puede dar lugar a proceso penal”, enfatizó.
Esta polémica lleva siete meses sin solución. La Sala Plena admite que la magistrada Díaz es la más antigua en el ejercicio de la abogacía y por eso la designó como decana en 2018, pero ahora se niega a cumplir la ley, según Baldivieso.
En todo ese tiempo, el TSJ no se ha pronunciado sobre el tema.
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