Los exmagistrados del TCP, Ruddy Flores, Zenón Bacarreza, Neldy Andrade y otros que emitieron un fallo que avaló la reelección de Evo Morales, se salvaron de un proceso penal en el Ministerio Público por decisión de un juez en Sucre, que declaró incompetente a la Fiscalía para investigar a los extribunos.
El caso volvió a manos de la Asamblea Legislativa, de mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), que debe definir si activa o no un juicio de responsabilidades en contra de estas exautoridades.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el juez Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Emilio Pinto, en una audiencia cautelar, determinó declarar incompetente al Ministerio para realizar esta investigación que debe ser propiciada por la Asamblea Legislativa.
En 2019, la Asamblea Legislativa remitió esta denuncia en contra de los extribunos, a la Fiscalía, toda vez que los denunciados dejaron de ser autoridades con privilegio constitucional; sin embargo, el juez entendió que estos supuestos hechos delictivos fueron cometidos cuando fungían como magistrados.
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