El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se demora en notificar a la exdiputada accionante Norma Piérola con la sentencia que deja sin efecto los juicios en rebeldía en Bolivia, misma que fue revelada por el ministro de Justicia, Iván Lima, el 25 de marzo.
Piérola dijo que la semana pasada estuvo en Sucre reclamando la notificación con esa sentencia, pero en el TCP le indicaron que el fallo estaba “terminado” y faltaba solamente la firma de algunos magistrados y la respectiva notificación.
Según la exparlamentaria, con esta sentencia constitucional quedarían anuladas las sentencias dictadas en ausencia y en rebeldía que el sistema acusatorio permitía en el país.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada en diciembre de 2019, admitida dentro del plazo sin observaciones, respondida con demora por la entonces presidenta del Senado Eva Copa y el expediente sorteado a un magistrado para que proyecte la sentencia. Desde entonces, dijo que no se informó más sobre la referida acción.
“Me parece una arbitrariedad que no salga hasta ahora (esa sentencia), el TCP declaró procedente la acción y que nadie puede ser procesado en rebeldía; todos los exlíderes, como Manfred Reyes Villa, Branko Marinkovic, Mario Cossío y otros, no pueden ser procesados en rebeldía, tienen que dictar el auto de rebeldía y hacer la extradición respectiva”, sostuvo.
Explicó que más allá del auto de rebeldía ya no se puede iniciar un nuevo proceso contra las personas que retornaron al país, esto por el principio de 'Non Bis in ídem', que quiere decir que no se puede procesar a nadie por un mismo hecho.
“Todos esos juicios de antes están enterrados, no sirven porque la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se la hizo en 2010 para linchar políticamente a los exlíderes autonomistas y opositores que salieron del país”, remarcó Piérola.
SIN NOTIFICACIÓN
La exdiputada afirmó que ella, que es la accionante, no fue notificada con esa sentencia, pero sí el TCP habría notificado, “no sé a qué título” –según dijo– al ministro Lima.
Molesta, Piérola indicó que mediante un memorial dirigido al presidente Paul Franco solicitó que se le expidan 20 fotocopias legalizadas de la sentencia constitucional emitida dentro de la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó hace un año y cuatro meses.
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