Orden para bajar la mora procesal enfrenta al TSJ y el Consejo de la Magistratura
Los tribunales de justicia no saben cuál de los instructivos serán aplicados
El Tribunal Supremo de Justicia. Foto: Archivo/CORREO DEL SUR El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura están de nuevo enfrentados. Ahora, el motivo son los mecanismos de reducción de la mora procesal en Bolivia y deja al descubierto una disputa que llegó al punto de que al menos un presidente de los tribunales departamentales les pidieran que se pongan de acuerdo.
El 22 de febrero pasado, el presidente del TSJ, Olvis Egüez, emitió una instrucción a los presidentes de los tribunales departamentales de justicia para que en Sala Plena nombren vocales y jueces coordinadores que velen por el cumplimiento de los plazos procesales y eleven informes mensuales, pero el Consejo, a través de otro instructivo de 24 de marzo, lo desautorizó.
Esto se conoció semanas después de que el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, en el acto del 23 aniversario de esa institución, denunciara que hay al menos 16 usurpaciones de funciones legales y constitucionales por parte del TSJ.
En su nota a los presidentes de los tribunales departamentales de justicia del país, el Presidente del TSJ reveló la existencia de 329.409 casos pendientes de resolución y que en 2020 se habían resuelto 250.421. Eso significa una mora procesal del 57%.
El TSJ dispuso que los presidentes de los tribunales departamentales requieran de las salas y juzgados un informe pormenorizado de la carga procesal y otorgar un plazo prudencial para la resolución de los casos rezagados.
También les instruyó delegar a vocales y jueces coordinadores para velar por el cumplimiento de los plazos procesales y elevar informes mensuales, además de que los vocales semaneros visiten a los vocales y jueces para corroborar la información remitida.
“En caso de que los servidores judiciales no cumplan con lo encomendado por los presidentes de los tribunales departamentales de justicia, estos deberán remitir los antecedentes a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del TSJ”, dice la nota de Presidencia.
RESPUESTA
El instructivo del TSJ fue respondido por el Presidente del Consejo. Michel calificó de “ilegal e indebida la designación de coordinadores que pretendan cumplir las funciones de controlar, fiscalizar (…) y remitir antecedentes disciplinarios a una Unidad de Transparencia que carece de competencia para procesar y sancionar”.
Además, prohibió otorgar información a otras entidades que no sea el Consejo de la Magistratura, advirtiendo que la omisión a esta orden será pasible de sanción, previo proceso disciplinario.
La determinación de ambas instituciones del Órgano Judicial generó confusión en los vocales y jueces. CORREO DEL SUR supo que al menos un Tribunal Departamental de Justicia solicitó al TSJ, mediante una representación, que se ponga de acuerdo con el Consejo de la Magistratura.
