El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al menos cinco proyectos de ley que tienen que ver con el mejoramiento del acceso a la justicia, el incremento del presupuesto a un 6%, la posibilidad de que los jueces puedan dictar cátedra, la modificación de la Ley de Sustancias Controladas para que el Órgano Judicial sea beneficiario de un porcentaje de los bienes confiscados, y la del expediente electrónico, entre otros.
Estos proyectos de ley fueron remitidos al Órgano Legislativo entre 2020 y 2021 y ahora están en las comisiones de Diputados y del Senado. El Órgano Judicial espera que se aprueben para mejorar el servicio judicial, informó el presidente del TSJ, Olvis Egüez.
La autoridad sostuvo que la finalidad es mejorar el acceso a la justicia y la independencia judicial y, para ello, una de las vías es la modificación de la Ley 025 del Órgano Judicial.
Docencia y recursos
Los magistrados y jueces quieren que se levante la prohibición del ejercicio de la docencia y la función judicial y que ellos puedan dictar clases fuera de los horarios de oficina.
En el ámbito económico, plantean la consolidación de un presupuesto determinado con autonomía de un 6% del Tesoro General de la Nación y que sea administrado a través de una Cuenta Única del Tesoro Judicial.
Designación de jueces
Sobre los recursos humanos, proponen que la designación de jueces esté en manos de los tribunales departamentales de justicia sobre la base de listas remitidas por el Consejo de la Magistratura, luego de un proceso de preselección.
En cuanto al control y fiscalización del manejo de causas, se incluye la creación de la Unidad Nacional de Supervisión de Causas para, a través de esta instancia, garantizar los principios de eficacia, eficiencia, debido proceso y acceso a la justicia sin dilaciones, explicó Egüez.
A estas propuestas de reforma de las leyes se suma el proyecto de ley de modificación del artículo 63 de la Ley 913 de Lucha Contra el Tráfico de Sustancias Controladas, para que este órgano del Estado sea beneficiario de un determinado porcentaje de la monetización de los bienes confiscados y sujetos a pérdida o extinción de dominio.
Recientemente se remitieron otros proyectos de ley como el del expediente electrónico y la transferencia de terrenos al Órgano Judicial a título gratuito de los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Montero, Cotoca, La Guardia, y en otros departamentos del país para la construcción de inmuebles.
Por su lado, el Consejo de la Magistratura también promueve proyectos de ley de modificación de la Ley 025, para delimitar las competencias interorgánicas que están generando duplicidad de funciones, según informó su presidente Omar Michel.
Explicó que los proyectos de Ley en su mayoría, los que se constituyen en cambios estructurales del Órgano Judicial como el presupuesto, el ejercicio de la docencia, están en Diputados y los otros relacionados con la transferencia de bienes están en el Senado.
