Buscan desvirtuar el proceso penal en contra de Jeanine Áñez con tres “excepciones”

La defensa de la exmandataria Jeanine Áñez espera desvirtuar el proceso penal que se le sigue por el denominado caso “golpe de Estado”, y se respete su fuero como senadora y exmandataria, establecido en la Constitución.

Con este objetivo, la defensa legal de Áñez presentó tres excepciones e incidentes, que debían ser tratados ayer, lunes, en audiencia, pero se pospuso para este martes.

El Código de Procedimiento Penal establece entre excepciones e incidentes seis aspectos para oponerse a la acción penal.

“Se ha presentado varias excepciones e incidentes. Una es la de ‘incompetencia’, porque ella (Jeanine Áñez), en su calidad de exmandataria, tiene que ser juzgada en el Tribunal Supremo de Justicia”, refirió el abogado Ariel Coronado, defensor de la expresidenta y de los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra.

Otra excepción planteada es la de “falta de acción”, porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla.

“Se la está juzgando a ella porque en su condición de senadora ha asumido la Presidencia; todo lo que un senador haga en cumplimiento de su trabajo, por mandato de la Constitución, no puede ser procesado penalmente”, sostiene el legista Coronado.

Respecto a los exministros, señaló que las publicaciones que hayan realizado en sus redes sociales, en su calidad de diputados, no pueden utilizarse para juzgarlos.

“No se puede juzgar a ninguna persona, pero menos a un diputado por haber vertido opiniones, por eso hay un impedimento constitucional para procesarlos”, acotó el abogado.

Asimismo, mencionó que se contempla plantear la “nulidad de imputación” debido a vicios procesales.

“También se está atando en lo principal un incidente de nulidad de imputación, porque obviamente las imputaciones no están debidamente fundamentadas”, dijo.

El artículo 169 (defectos absolutos) de la Constitución Política establece cuatro aspectos para la nulidad de un proceso.

El punto 3 señala que “los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código”.

La exmandataria y sus exministros están detenidos preventivamente desde hace 45 días en los penales de Miraflores y San Pedro en la ciudad de La Paz.