Arrestan en EEUU a exjefe de gabinete de Murillo acusado de recibir sobornos en compra de gases

El exjefe de Gabinete del exministro de Gobierno Arturo Murillo, Rodrigo Méndez Mendizábal, fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, por percibir al menos 582 mil dólares en sobornos dentro de la compra de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma.

Las autoridades estadounidenses acusan a Méndez –arrestado el 21 de mayo en Florida–, de recibir el soborno por haber posibilitado a que Luis y Bryan Berkman, junto al empresario cochabambino con nacionalidad estadounidense, Philip Lichtenfeld, hayan permitido la compra de los agentes químicos por medio de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC., según reporte de Gigavisión.

De acuerdo con el infome del FBI al que accedió Página Siete, también revela la existencia de un funcionario “co-conspirador 2”, del Ministerio de Defensa del gobierno de transición, que se benefició con 20 mil dólares por utilizar su “cargo oficial” en favor de la empresa Bravo Tactical Solutions.

 “Como se describe con mayor detalle a continuación, Bryan Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld pagaron sobornos por un total de al menos 582 mil dólares a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, funcionario del Ministerio de Gobierno de Bolivia, y al menos 20 mil dólares para el co-Conspirador 2, un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia, a cambio por utilizar sus cargos oficiales, para ayudar a una empresa intermediaria (Bravo Tactical Solutions LLC.), Bryan Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld y otros para obtener y retener el negocio para la empresa intermediaria”, señala el punto 20 del informe revelado este martes.

En el documento se acusa a todas estas personas de provocar “transferencias desde un banco con cuenta en el Banco Central de Bolivia, ubicado en Bolivia, a cuentas bancarias pertenecientes a la compañía intermediaria ubicada en EEUU, y transferencias desde una cuenta bancaria perteneciente a una empresa intermediaria ubicada en EEUU, a una cuenta controlada por Philip Lichtenfeld ubicada en Bolivia, en violación de las leyes de lavado de dinero de EEUU”.

El costo real de los gases era de 3.357.735 dólares, “lo que dejó a la compañía intermediaria con aproximadamente 2.291.402 dólares. La cantidad suministrada desde el gobierno para la compra de agentes químicos llegaba a 5.649.137 dólares; cantidad con la que se firmó el contrato entre la empresa intermediaria y la cartera de Defensa".