El contrato de compra de material antimotines para la Policía fue “totalmente perjudicial para el Estado boliviano”, porque la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions fue liberada del pago de impuestos por 5,6 millones de dólares, reveló el exministro de Justicia, Jerjes Justiniano.
Justiniano conoció el caso a fines del mes de enero de 2020, cuando ya estaba fuera del Gobierno de transición, a través de funcionarios policiales que querían denunciar la irregularidad con documentos que develaban que el contrato tenía “cláusulas totalmente perjudiciales para el Estado”.
“Por ejemplo, son libres de impuestos. Cuando (la empresa) Cóndor le vendía a Bolivia, le vendía con impuestos pagados en Bolivia, sin embargo, Bravo Tactical Solutions va y compra por 3 millones y entrega por 5 millones y no paga impuestos”, sostuvo Justiniano a Radio Compañera.
El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa utilizaron a la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions para la compra de material antimotines. El costo real de ese lote era de 3,3 millones de dólares, pero el Estado pagó 5,6, con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Explicó que otro elemento perjudicial para el Estado fue permitir que Bolivia asuma el “costo y cargo” en el transporte del material desde Brasil; cuando la empresa brasileña Cóndor en anteriores gestiones del Ministerio de Gobierno entregaba el producto en Bolivia. “En la nueva gestión Bolivia tiene que ir a recoger las armas a Brasil”, dijo.
Arturo Murillo fue detenido en Estados Unidos el próximo 7 de junio se llevará adelante su audiencia para que se defina si será detenido preventivamente. Es acusado de lavado de dinero en el marco de un “esquema de sobornos”, que usó el sistema bancario de ese país.
