Informe de EEUU señala a Murillo como “propietario de una empresa en Florida”

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, lleva tres semanas arrestado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y sobornos, debido a que investigaciones revelan que tien una empresa en el estado de Florida, en el país norteamericano.

Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al que accedió El Deber, señala que el exministro tenía una empresa en el estado de Florida, (EEUU). Otro informe anterior, que identifica a la exautoridad como (coconspirador 1) dice que estaba asociado con Luis Berkman, uno de los dueños de Bravo Tactical Solutions (BTS), la empresa que fue intermediaria en la venta de gases lacrimógenos.

El documento indica que Murillo es “propietario de una empresa con sede en Florida”, por lo que la justicia de ese país lo procesa por los delitos de lavado de dinero y soborno.

El exministro, junto con Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, su exjefe de gabinete, Luis Berkman y Bryan Berkman, de la empresa BTS, y Philip Lichtenfeld, el intermediario, participaron en el esquema de soborno, entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020, según los informes judiciales.

Una investigación conocida anteriormente, y realizada por el agente Jonathan Eades, de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Luis Berkman, el acusado ciudadano de EEUU y su padre Bryan Berkman, que residía en Dunwoody, Georgia, lo identifica como colaborador cercano de Sergio Rodrigo Méndez, el exjefe de gabinete de Murillo y “un asociado del co-conspirador 1”, es decir, del exministro Murillo.

Según el Departamento de Justicia, durante ese tiempo, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $us 602 mil en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, Méndez y otro boliviano que trabajaba en la administración del Estado.

Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios para proporcionar al Ministerio de Defensa gas lacrimógeno y otros equipos no letales por un monto de $us 5,6 millones. El costo real del equipamiento era de $us 3,3 millones.

Para promover el esquema de sobornos, los Berkman y Lichtenfeld lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano, a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de $us 582 mil en efectivo para Murillo y Méndez.

Un secretario de Justicia Auxiliar Interino; El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida y el agente Anthony Salisbury de la HSI), hicieron el anuncio.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar casos foráneos. La audiencia contra Murillo y los demás acusados se realizará el próximo 9 de julio en una corte de Miami.