CIDH admite denuncia de un juez despedido
Hay al menos 22 denuncias de jueces despedidos por el Consejo de la Magistratura
Frontis del edificio del Consejo de la Magistratura. Foto: ARCHIVO La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para trámite la primera denuncia, en contra del Estado boliviano, de un total de 22 jueces transitorios despedidos sin el debido proceso por el Consejo de la Magistratura en 2018.
El despido de al menos 80 jueces por parte del Consejo en mayo de 2017, por decisión de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Judicial, abrió el paraguas al planteamiento de demandas ante la CIDH por parte de 22 jueces, quienes agotaron las instancias judiciales dentro del país, donde sus derechos no fueron tutelados.
LAS RAZONES EXPUESTAS
Inicialmente la razón expuesta en las cartas de agradecimiento a más de 80 jueces fue que tenían procesos penales y disciplinarios pendientes en su contra, pero, ante los cuestionamientos de los cesados en sentido de que no tenían procesos, les argumentaron que todos eran transitorios y que podían ser despedidos en cualquier momento.
Varios de ellos ya habían ingresado a la carrera judicial mediante el Instituto de la Judicatura de Bolivia (ahora Escuela de Jueces), pero igual fueron considerados transitorios.
Arturo Yáñez, abogado de 18 jueces peticionantes que acudieron ante la CIDH, informó que este tribunal interamericano admitió para trámite el primer caso de ese grupo de juristas que fueron despedidos sin que se cumpliera el debido proceso por parte del Consejo de la Magistratura.
“Si la CIDH admitió a trámite de una demanda, es una señal buenísima”, dijo Yáñez, tomando en cuenta que alrededor del 90% de los casos que llegan a ese tribunal internacional son rechazados.
RESPUESTA DEL ESTADO
El abogado explicó que la CIDH corrió en traslado esta demanda al Estado boliviano para que responda en un plazo de tres meses.
El Gobierno puede plantear excepciones que correrán en traslado a los demandantes. La CIDH puede pedir más pruebas o declarar la admisibilidad de fondo y pasar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado sea juzgado por vulneraciones de derechos.
La notificación con la admisión de esta demanda contra el Estado se hizo a través del ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, el 11 de junio de este año. Allí se solicita al Gobierno que presente su respuesta a la petición en tres meses, prorrogables a cuatro.
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