Tras el fallo de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental que dejó sin efecto la sentencia que mandaba a Petrobras a hacer un pago millonario por el uso de un terreno donde está ubicado el pozo hidrocarburifero San Alberto (Tarija), la familia demandante sostuvo que esta “es una resolución apegada a un favoritismo directo a la empresa”.

 “Se veía venir desde la directrices que dio el abogado de la empresa, se confirmaron lo que él decía, pero el Tribunal tomó su decisión, no es la decisión acertada”, manifestó Alberto Baldivieso, demandante en el caso.

Por ello, Baldivieso aseguró que la familia continuará con la demanda judicial y que la próxima instancia a la que recurrirán será la Constitucional.

Señaló que a lo largo de este proceso hubo varios amparos constitucionales, incidentes y recusaciones que se resolvieron a su favor en un pleito judicial que es entre privados y para nada interviene el Estado.