La Fiscalía Departamental de La Paz informó este lunes la ampliación de una investigación en contra del exministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado, a raíz de una denuncia en contra de su hijo por el uso de un vehículo oficial en estado de ebriedad.
El hijo de la exautoridad, Iru Maki, de 35 años, fue denunciado por el manejo irregular de un vehículo presuntamente de propiedad del Ministerio de Educación durante la administración de Jeanine Áñez. La Fiscalía presume que conducía en estado de ebriedad y habría provocado un accidente de tránsito.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el 7 de junio del 2020, la vagoneta conducida por el hijo del entonces ministro Cárdenas bajó por unas gradas con dirección a la calle 10 de la zona de Alto Obrajes.
Por este caso, la Fiscalía decidió ampliar la investigación a Cárdenas en mayo de 2021 y fue citado a declarar por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. El exministro contrajo covid-19 por segunda vez y fue internado hace cinco en el hospital Cotahuma por complicaciones de la enfermedad.
El Fiscal Anticorrupción, Gustavo Balderrama, citado en una nota de prensa, explicó que el Ministerio Público en uso de sus facultades requirió información al centro hospitalario sobre el estado de salud del exministro de Educación.
La exautoridad presentó un memorial que indica que estaría con covid-19, lo cual busca ser verificado por la Fiscalía para continuar con el proceso investigativo.
La Alcaldía de La Paz, que administra el hospital Cotahuma, denunció que la Fiscalía pidió un certificado médico y no un informe del estado de salud, como señala el comunicado del Ministerio Públivo
“No se está solicitando un informe sobre ‘el estado de salud, enfermedad o tratamiento del paciente’, ya que el requerimiento fiscal solicita el historial médico, que de acuerdo al Art. 10 de la citada Ley 3131, es considerado un documento médico oficial, que estaría bajo el resguardo y custodia del establecimiento de salud y son de uso exclusivo del médico”, señaló la secretaría municipal de Salud, Cecilia Vargas, citada por Página Siete.
En tanto, la Fiscalía citó el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Obligación de Cooperación) de requerir información a toda persona, institución o dependencia, pública, privada, que tiene la obligación de proporcionar información, remitir la documentación requerida o realizar cualquier diligencia relacionada con la investigación de manera inmediata, directa y gratuita, bajo responsabilidad prevista en el Código Penal.
También señala el artículo 136 del Código de Procedimiento Penal que señala que, cuando sea necesario, los jueces y fiscales podrán recurrir de manera directa a otra autoridad judicial o administrativa, para la ejecución de un acto o diligencia. También podrán solicitar información de manera directa cuando ésta se vincule con el proceso. Las autoridades requeridas tramitarán sin demora las diligencias legalmente trasmitidas bajo pena de ser sancionados conforme a Ley.
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