La CIDH admite denuncia por vulneraciones en Bolivia
En los juicios por terrorismo y la aplicación de la retroactividad
El denunciante Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba. Foto: facebook La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió tres demandas en contra del Estado boliviano por la vulneración de derechos en los procesos por el caso Terrorismo, de abril de 2009, a denuncia de Alejandro Gelafio Santiesteban y Ronald Enrique Castedo, y la aplicación de la retroactividad en procesos judiciales en contra del exprefecto y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
Tuvieron que transcurrir 13 años para la admisión de la demanda de Reyes Villa, que acudió a la CIDH en abril de 2009, mientras que en el caso de los acusados por terrorismo y alzamiento armado o también denominado “Separatismo”, entre siete y ocho años.
El exprefecto y ahora alcalde cochabambino relata en su denuncia que, en 2007, grupos irregulares afines al partido de Gobierno (MAS) atentaron contra su integridad al haber incendiado el edificio de la Prefectura y posteriormente haberlo obligado a renunciar a su cargo, siendo perseguido penalmente, sin garantías judiciales, por delitos de corrupción.
Arguyó que no solamente lo sacaron del cargo, sino que el 14 de abril de 2009 se presentó a las elecciones presidenciales pero el Movimiento Al Socialismo (MAS) inició nuevas acciones de persecución para obstaculizar su candidatura con 19 procesos penales en su contra.
A esto se sumó la promulgación de la ley contra la corrupción, el 21 de marzo de 2010, que modifica las disposiciones del Código Penal para aplicar retroactivamente los juicios y, producto de estos procesos, tiene dos sentencias en rebeldía sin prueba que acredite la comisión de delitos, según la versión de Reyes Villa.
RESPUESTA DEL ESTADO
En su defensa, el Estado boliviano sostiene que se respetaron las garantías en los procesos penales contra Reyes Villa y que las autoridades judiciales actuaron con independencia e imparcialidad, por lo que niega que haya habido violación al principio de legalidad e irretroactividad.
Pidió que la denuncia no sea inadmitida por falta de agotamiento de los recursos de jurisdicción interna y señaló que Reyes Villa tampoco había denunciado estas violaciones ante la Fiscalía y no utilizó correctamente los recursos constitucionales.
La CIDH, en sus consideraciones, observó que, 13 años después de la quema del edificio de la Prefectura de Cochabamba, estos hechos no fueron esclarecidos por la Fiscalía, y que los recursos de amparo del accionante fueron inefectivos porque el Tribunal Constitucional no estaba funcionando por falta de la designación de magistrados.
Denuncias por caso Terrorismo
La CIDH también admitió las demandas de Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel y Ronald Enrique Castedo Allerding, procesados junto a una treintena de personas en Santa Cruz por el atentado a la residencia del cardenal Julio Terrazas, ocurrido en abril de 2009, horas previas a la intervención del hotel Las Américas por parte de la Policía el 16 de abril de ese año.
Santiesteban denunció una detención preventiva prolongada y enjuiciamiento en evidente violación de distintas garantías judiciales. Fue acusado de apoyar a un grupo que supuestamente pretendía promover la ruptura de la unidad territorial de Bolivia, de ser el responsable del ataque a la casa del Cardenal y de planear otros crímenes que fueron frustrados por las autoridades.
En respuesta, el Estado negó haber incurrido en violaciones de los derechos humanos y que Santiesteban se había acogido a un procedimiento abreviado y fue sentenciado y que goza de libertad al haber cumplido su condena.
Castedo, acusado de ser parte del grupo denominado círculo de amigos de Santa Cruz – Logia Caballeros del Oriente, que supuestamente promovía la división territorial del país, fue procesado por presunto alzamiento armado, terrorismo y otros.
El Estado boliviano pidió declarar inadmisible esta denuncia y negó la vulneración de derechos.
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