La justicia determinó este jueves una nueva orden de detención preventiva del exministro de Justicia, Álvaro Coímbra, acusado de haber cometido delitos por la creación de un Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos, cuyo objetivo era prestar asistencia a personas que sufrieron persecución durante el gobierno de Evo Morales.
La detención preventiva es por seis meses en el penal de San Pedro. Coímbra ya se encuentra en este centro penitenciario desde marzo por el caso denominado “golpe de Estado”.
El viceministro de Justicia, César Siles, argumentó que presentó la denuncia contra Coímbra porque considera que se habría usado ese Comité, usando servidores públicos y bienes del Estado, para cerrar casos y hacer injerencia en la justicia a favor de connotados políticos.
Mencionó que entre casos de presunto favorecimiento están Samuel Doria Medina en el caso Focas, además de militares implicados en el caso Orbisat, entre otros.
Este Comité fue creado en diciembre de 2019 y, entonces, se había anunciado que su propósito era que exiliados políticos tengan la posibilidad de volver al país para enfrentar sus procesos judiciales con garantías.
Según el viceministro Siles, la Fiscalía imputó a Coímbra por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de bienes del Estado e incumplimiento de deberes.
Indicó que la jueza tercera anticorrupción determinó, en audiencia cautelar, la detención preventiva del exministro, tomando en cuenta elementos como peligro de fuga y que podría influir negativamente en otros implicados.
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