El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pidió información a sus unidades internas sobre el caso de presunto acoso sexual de un jefe a dos funcionarias para tomar una determinación en Sala Plena este miércoles, si existen los elementos suficientes, porque “no se tolerará este tipo de hechos”, advirtió ayer su presidente, Paul Franco, al ser consultado por los periodistas.

El inicio de una investigación en el Comité de Ministerio Público de Diputados en contra del magistrado Petronilo Flores por su presunta protección al funcionario sindicado de acoso sexual activó este caso, en el que una de las víctimas declaró la semana pasada en calidad de testigo.

Franco dijo que solicitó información a Recursos Humanos del TCP no solo de la situación actual del funcionario denunciado sino también de la sustanciación del proceso sumario y administrativo desde 2018, cuando se hizo la denuncia, y las unidades que conocieron la misma y que concluyó con un archivo en mayo de 2019.

“He pedido la información a todas las unidades y dependencias del TCP para que en función a eso pueda yo poner en conocimiento de la Sala Plena que se va a llevar adelante mañana (por hoy, miércoles) y tomar las definiciones que correspondan”, agregó.

También dijo que requirió información del Ministerio Público para saber la sustanciación del proceso penal activado por remisión de antecedentes del TCP sobre el funcionario denunciado.

“En el TCP no vamos a ser tolerantes con ningún acto, con ninguna característica que tenga que ver con acoso, menos aún si estamos en una tarea ardua por luchar por una transformación de la justicia. Sería incoherente mi persona si no muestra actos que sean conducentes a encarar este proceso de transformación”, enfatizó.

La autoridad aseguró haber remitido dos informes sobre este caso, a requerimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de los plazos previstos.

Por este hecho, también estaban investigados en la vía penal otros funcionarios. CORREO DEL SUR conoció una resolución del Ministerio Público que dispone el rechazo de una investigación en contra de una exfuncionaria de la Unidad de Transparencia del TCP, que ahora es vocal electoral departamental, que en 2018 habría atendido la denuncia.