Representantes de plataformas ciudadanas del 21F anunciaron su decisión de ir a la ciudad de Sucre, sede de la Fiscalía General, para exigir que se reabra el caso Fraude electoral, que fue cerrado debido a un informe pericial que detectó negligencia en el sistema informático de las elecciones 2019, pero no manipulación.

Mediante un pronunciamiento, las plataformas rechazaron la decisión de la Fiscalía de cerrar el caso, porque lo consideran un nuevo atentado en contra de la democracia boliviana.

“Las plataformas del 21F han decidido primero constituirse en la ciudad de Sucre para emplazar al Fiscal General del Estado a que revoque esa resolución, caso contrario se exigirá su renuncia y se tomarán otras acciones”, dice el manifiesto leído por el activista Julio Alvarado.

Las plataformas recordaron la auditoría que hizo la OEA a las elecciones de 2019 y que la misma encontró “una manipulación dolosa” con alteración de actas y falsificación de firmas, además de servidores informáticos ocultos. Agregaron que los hallazgos fueron ratificados por la Unión Europea y la empresa Ethical Hacking, que fue contratada por el TSE para auditar la seguridad informática.

En otros pedidos, anunciaron que exigirán al Ministerio Público la inmediata libertad de todos los presos políticos por lo que consideran “mentira del golpe de Estado. También pidieron al sistema de la universidad boliviana pronunciarse respecto al procedimiento del peritaje solicitado por la Fiscalía por el cao fraude.

Por último, las plataformas determinaron abrir un registro de pruebas y declaraciones de personas que puedan ser testigos ante la Fiscalía en el caso fraude.

Sin embargo, la Fiscalía informó este jueves que el caso Fraude electoral estará archivado una vez que se notifique a las partes con esta decisión y presenten las acciones legales correspondientes. Negó que se hubiese cerrado.

“El Fiscal general en ningún momento ha señalado que el caso está cerrado (…) Ha señalado claramente que ha recibido el informe de la comisión de fiscales, quienes les han indicado que, a partir de los elementos colectados y la última pericia recibida de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, se ha determinado emitir requerimiento conclusivo amparado en el artículo 323 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, lo que involucra un sobreseimiento”, señaló el secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe.